miércoles, 3 de mayo de 2017

La Iglesia y la reconciliación de los inconciliables


Sin arrepentimiento, sin reparación

sin posibilidad reconciliación



Viviana Taylor



Sigo consternada por la noticia de que el Episcopado se reúne toda esta semana en Pilar, con la reconciliación entre familiares de desaparecidos y de militares como uno de sus objetivos. Sospecho que el que realmente los ha convocado.

Y estoy consternada porque este llamado a la reconciliación parece ir en contra de las propias enseñanzas de la Iglesia al respecto. Aunque debo reconocer que consternación no es sorpresa: después de todo, la cúpula eclesial argentina no fue ajena a la dictadura devenida del golpe cívico, militar, clerical de 1976, y tampoco parecería estar haciendo lo propio y mínimo para cumplir con las demandas de reconciliación que enseña pero que –evidentemente- no asume ni practica.

Una fuente que cita el diario La Nación argumenta que “hace tiempo que los obispos piden en las asambleas disponer de un tiempo para tener una mirada sobre el período histórico, en orden a la reconciliación”. Al parecer, este tiempo de negacionismo creciente desde el gobierno del PRO-Cambiemos, de recuento y descuento de desaparecidos, de persecución política de la oposición y de reflotamiento de la Teoría de los Dos Demonios ha servido de terreno fecundo para que brote la oportunidad.

Muchos de quienes abogamos por los Derechos Humanos y por la Memoria, la Verdad y la Justicia teníamos alguna esperanza de que de manos del Papa argentino Francisco-Jorge Bergoglio finalmente llegara la hora de acceder a los archivos del Vaticano sobre la última dictadura, y a través de ellos a la posibilidad de recuperación de los cuerpos de los desaparecidos, y de la identificación de sus hijos a los que la identidad les fue arrebata. A cambio, nos encontramos con esta forma aún más siniestra de reedición de la Teoría de los Dos Demonios, en que nuevamente se presume a las víctimas en igualdad de condiciones que los victimarios, una reedición en la cual el Episcopado –con total prescindencia del lugar en que por entonces eligió pararse- se erige a sí mismo en mediador, cuando debería someterse a la Justicia como corresponsable.



Más allá de mis percepciones, que en estos tiempos de posverdad podrían tildarse de subjetivísimas a pesar de su fidelidad a la verdad histórica (o quizás por eso mismo), quiero hacer notar que este llamamiento es contrario al propio Catecismo de la Iglesia Católica, algunos de cuyos párrafos paso a extractar:



CATECISMO DE LA IGLESIA CATÓLICA

SEGUNDA PARTE: LA CELEBRACIÓN DEL MISTERIO CRISTIANO 

SEGUNDA SECCIÓN: LOS SIETE SACRAMENTOS DE LA IGLESIA 

CAPÍTULO SEGUNDO: LOS SACRAMENTOS DE CURACIÓN

Artículo 4: EL SACRAMENTO DE LA PENITENCIA Y DE LA RECONCILIACIÓN

La contrición

1451 Entre los actos del penitente, la contrición aparece en primer lugar. Es "un dolor del alma y una detestación del pecado cometido con la resolución de no volver a pecar" (Cc. de Trento: DS 1676)

La confesión de los pecados 

1455 La confesión de los pecados, incluso desde un punto de vista simplemente humano, nos libera y facilita nuestra reconciliación con los demás. Por la confesión, el hombre se enfrenta a los pecados de que se siente culpable; asume su responsabilidad y, por ello, se abre de nuevo a Dios y a la comunión de la Iglesia con el fin de hacer posible un nuevo futuro.

La satisfacción 

1459 Muchos pecados causan daño al prójimo. Es preciso hacer lo posible para repararlo (por ejemplo, restituir las cosas robadas, restablecer la reputación del que ha sido calumniado, compensar las heridas). La simple justicia exige esto. (…)



Queda claro en propias palabras del Catecismo que no puede haber reconciliación si antes no se detesta el propio pecado cometido, con la decisión de no volver a pecar. Y ese espíritu de enmienda (una expresión cara a los católicos) implica no sólo el profundo rechazo por el hecho cometido y el compromiso de no volver a hacerlo, sino la asunción de la responsabilidad y la reparación del daño.

No parece haber asunción de responsabilidad cuando, hoy mismo, nos estamos enterando de que la Suprema Corte de Justicia aplica el “2x1” para delitos de lesa humanidad cometidos por represores y genocidas de la última dictadura.

No parece haber asunción de responsabilidad cuando, a diario, se insiste en regatear el número de desaparecidos como si se tratara de mercancía de descuento para abaratar costos.

No parece haber asunción de responsabilidad cuando se habilitó a Campo de Mayo como privilegiado lugar de encierro para el cumplimiento de las condenas, donde represores y genocidas están bajo la vigilancia y cuidado de personal con inferior grado (y, por lo tanto, subalterno) ya que no se les retiró el grado militar a quienes aún no tienen condena firme ¡y encima los van a beneficiar con el “2x1”!.

No parece haber asunción de responsabilidad cuando todavía seguimos anoticiándonos de desaparecidos sobre los que no teníamos registro (como el caso de Enrique Bustamante, padre del nieto recuperado 122, quien no estaba denunciado como desaparecido) porque –justamente- no entregaron los archivos para poder saber efectivamente quiénes y cuántos fueron y dónde están sus cuerpos. Paradójicamente, el cuestionamiento de “los 30 mil” está  llevándonos al reconocimiento social de cuántos más fueron y aún no podemos constatar en su horrorosa inmensidad.

No parece haber asunción de responsabilidad cuando no han hecho nada para facilitar la restitución de la identidad de los hijos, a los que siendo niños también desaparecieron, y sin dudas saben dónde están porque sabemos a quiénes se los entregaron. Conocimiento del que la Iglesia participa, habiendo sido la responsable de buscar “buenas familias católicas” para muchos de ellos, como ha podido ser demostrado.

No parece haber arrepentimiento, ni asunción de responsabilidad, y mucho menos espíritu de enmienda y acciones de reparación.

Si son católicos como profesan, que todos los corresponsables del Terrorismo de Estado –TODOS, militares, civiles y religiosos- se arrepientan, se confiesen en honor a la Verdad, y reparen con sus declaraciones el silencio que nos sigue torturando con las ausencias de los desaparecidos y sus hijos en honor a la Justicia.  

#Memoria

#Verdad

#Justicia

#Son30Mil

#FueGenocidio

Nosotros no olvidamos, nosotros no nos reconciliamos.



Viviana Taylor

@taylor_viviana

domingo, 19 de febrero de 2017

Conferencia de prensa de Macri: entre Correo, jubilaciones y ART


El silencio de los inocentes:

Entre foja 0 y ART




Por Viviana Taylor

La indignación de la opinión pública (que no ha olvidado que el Presidente Mauricio Macri y su familia ya se habían beneficiado de la estatización de sus deudas gracias a los buenos oficios de Domingo Cavallo, cuando la dictadura cívico-militar preparaba su retirada) empujó al presidente a una vergonzosa conferencia de prensa en la que tuvo que cambiar de posición frente a dos asuntos sobre los que había preferido no hablar:

1.     El acuerdo por la condonación de la casi totalidad de la deuda por el incumplimiento del canon que debía abonarle el Correo SOCMA al Estado por la explotación del Correo Argentino.

2.     La modificación a la baja del cálculo de las jubilaciones, y de su actualización semestral.

Respecto del primer asunto, su anuncio de que instruiría al Ministro de Comunicaciones Oscar Aguad para llevar a “foja cero” el asunto del Correo fue extemporáneo: el fiscal Juan Pedro Zoni ya los había imputado a ambos, junto con el director de Asuntos Jurídicos de Comunicaciones Juan Manuel Mocoroa. Y aunque haya alegado torpeza e ignorancia, nadie puede apelar a ellas, principio que es consecuencia de la doctrina de los actos propios. Cuánto menos un presidente, un ministro de comunicaciones y un director de asuntos jurídicos, autocalificados como parte del “mejor equipo de los últimos 50 años”. Como tampoco puede apelar a la remanida excusa de que tuvo que hacerlo porque “no lo hizo el kirchnerismo durante 12 años”, que lo autoincrimina más que disculparlo.

La autocondonación presidencial de esta deuda multimillonaria ha sido un acto de corrupción descomunal e inédito en nuestra historia. Una condonación que va en paralelo a la multimillonaria demanda que presentó el grupo SOCMA (Sociedades Macri) contra el Estado por “daños y perjuicios” adoptando una conducta contraria a la buena fe procesal, dado que no comunicó ni al tribunal ni a los funcionarios intervinientes el inicio de esta acción mientras se encontraba negociando con el Estado su deuda para con él (o sea, para con todos nosotros). La estrategia del Grupo Macri era pagar poco de su deuda ($600 millones, con una quita de ¡$70 mil millones!) y cobrar mucho ($2.365 millones).

Tan descomunal e inédito es el grado de corrupción, que ha sido tapa de los principales medios gráficos internacionales, y de emisoras de radio y televisión de todo el mundo, que han vuelto a recordarnos que es uno de los cinco jefes de estado involucrado en el caso de los Panamá Papers, sin privarse de señalar que tres de ellos son señores feudales de emiratos árabes, y que el otro mandatario civil debió renunciar. No fue la conducta adoptada por Macri, que ha asumido la misma actitud que los señores feudales.

Tan descomunal e inédito, que la titular de la Oficina Anticorrupción Laura Alonso –hasta ahora de una lealtad inquebrantable lindante con el incumplimiento de sus deberes como funcionaria pública- se negó a poner sus “manos en el fuego” por Macri respondiendo que sólo las pone por sí.

En síntesis: la sola promesa de volver el proceso a foja cero demuestra que Macri -aunque se diga desvinculado de SOCMA- es en realidad quien toma la decisión representando la voluntad de ambas partes. Y, en todo caso, la cancelación unilateral del acuerdo le permite a SOCMA iniciar acciones legales contra el Estado Argentino. Una más.



Respecto del segundo asunto, insistir en que la baja del cálculo para determinar el monto de las jubilaciones y su actualización semestral es de monedas, y que es más importante bajar el déficit, vuelve a poner su propia torpeza y la de su equipo como justificativo. Lo que está vaciando las cajas jubilatorias es la política económica de ajuste, endeudamiento, desindustrialización, retracción de consumo y desempleo llevada adelante por este gobierno –su gobierno-, y no el cálculo para determinar los montos de los beneficios. Estas “monedas” que tan livianamente desestimó Macri en su conferencia de prensa, explicando que sólo se trataba de unas décimas de puntos, revelan la insensibilidad social y el desprecio profundo del presidente y de sus funcionarios hacia los sectores más vulnerables: estamos hablando de un universo de 8 millones de personas entre jubilados de la mínima, beneficiarios de la AUH, y pensiones de los excombatientes de Malvinas. Un universo que ya ha sido afectado por la pérdida de 10 puntos contra la inflación del año pasado: una pérdida que recuerda el brutal descuento del 13% de la Alianza, varios de cuyos funcionarios integran este gobierno (por caso, Patricia Bullrich, por entonces Ministra de Trabajo y hoy de Seguridad, la mejor síntesis del modelo que proponen: ajuste y represión).



Tanta torpeza y falta de sensibilidad llevan a pensar que todos estos anuncios fueron una larga cadena de intentos de sembrar cortinas de humo. La impopular y escandalosa baja en las jubilaciones parecería haberse anunciado como un desesperado intento de quitar de la escena mediática el caso del Correo, que ya estaba arrastrando no sólo al Presidente Mauricio Macri y a varios de sus emblemáticos funcionarios (Peña, Quintana, Aguad, Alonso…) sino a sus tres hijos mayores, para quien el diputado Tailhade pidió la extensión de la investigación y su imputación. Pero la estrategia de ocultamiento no funcionó.

La segunda cortina de humo se puso en marcha. Eso fue la conferencia de prensa en la que Macri intentó mostrarse cediendo (ante lo ya inevitable) como una estrategia para desviar la atención de lo que todavía podía salvarse: la ley de ART. Y esta vez sí resultó: si bien el escándalo y las protestas generalizadas hicieron que los aliados opoficialistas del massimo y del bloque justicialista que ya habían negociado el respaldo a la propuesta de reformular la ley de ART cambiaran de oposición, para no mostrarse pegados al gobierno en su peor traspié político, no fue más que una puesta en escena para salvar la “dignidad” y la “imagen” ante la tribuna. Concedieron quorum, aunque se abstuvieron al momento de votar. El resultado fue el mismo que si hubiesen votado en positivo tal como habían negociado. Ganó el gobierno, los opoficialistas salieron hechos, volvimos a perder los trabajadores.

A pesar de que esta haya sido la semana políticamente más complicada para el gobierno en general y para Mauricio Macri en particular, no ha sido más que otro eslabón en la cadena de sus acciones de gobierno, que responden a una política de expoliación del Estado en favor de las corporaciones económicas y financieras, de las que forman parte. La diferencia es que esta vez los hilos quedaron expuestos. Sin embargo, seguimos perdiendo.

Pero este es un año electoral y tenemos en nuestras manos una herramienta para ponerle freno.

La decisión es nuestra. Retomar la construcción un proyecto de país nacional, popular, justo, libre, soberano, regionalmente integrado, un proyecto mejorado, que nos permitirá seguir avanzando en la conquista de nuestros derechos. O  lanzarnos definitivamente al abismo al que este gobierno nos está empujado.



Viviana Taylor

Educación y Territorio San Miguel




Twitter: @EyTSanMiguel

eytsanmiguel@gmail.com

miércoles, 4 de enero de 2017

Edad de imputabilidad y políticas de integración


Baja de la edad de imputabilidad

y políticas de integración





Por Viviana Taylor



Casi coincidentemente con la noticia de que quien presuntamente le disparó a Brian Aguinaco (el niño asesinado en Flores cuya muerte originó un levantamiento de vecinos contra la Comisaría 38, cuya cúpula fue removida) también es menor, comenzó a multiplicarse entre los programas televisivos de panelistas el debate sobre la baja de la edad de imputabilidad. Sin dudas, la mejor estrategia para crear opinión pública: su alto grado de efectividad deriva directamente de la superficialidad con que se presentan los temas, volviendo innecesario el esfuerzo que implica comprender y repensar argumentos, sólo apelando a la pura emocionalidad. La mejor muestra de por qué el gobierno propone la abolición del pensamiento crítico.



Instalado el tema, no tardó en aparecer la opinión del ministro de Justicia y Derechos Humanos Germán Garavano, quien aseguró que “hoy la posición del Gobierno es que hay una situación en esa franja de 15 años que debe ser abordada por la ley, pero en base a consensos con UNICEF y todo el arco político”. Y que la idea es comenzar “una discusión seria” en 2017 para darle tratamiento legislativo “recién en 2018, lejos de las elecciones”.  Y, si bien manifiesta estar de acuerdo con UNICEF en el problema que es necesario abordarlo desde la reinserción laboral y escolar, no lo está en que no sea necesario bajar la edad de imputabilidad.





A contramano y contrapelo de la opinión mediatizada, creo que es necesario partir de algunas consideraciones previas, a modo de fundamento para tomar posicionamiento.

La infancia y la adolescencia –tal y como las conocemos y entendemos- son una construcción histórica, cuyas características pueden ser esquemáticamente delineadas a partir de la heteronomía, la dependencia y la obediencia al adulto a cambio de su protección. Heteronomía que significa la necesidad de ordenar la conducta según reglas impuestas por otros, y de ahí la dependencia y obediencia al adulto, autónomo por definición.
Como resultado de esta concepción, la institución escolar se constituyó en el dispositivo para encerrar a la infancia y a la adolescencia: un encierro material, físico, en el que el ser alumno equivale a ocupar el lugar heterónomo de no-saber, contrapuesto al lugar del docente que es el del adulto autónomo que sabe, y en virtud de este saber es quien enseña. Una institución en la que se niega la existencia de todo saber previo al ingreso a ella, a menos que coincida con los que en ella se transmiten.
Una institución en la que ser alumno no es otra cosa que ser un cuerpo que –en manos de un educador- debe ser formado, disciplinado, educado. Y que por indefenso, ignorante y carente de razón, debe obediencia a quien lo guiará hacia la autonomía en la que la obediencia ya no sea necesaria.




¿Hasta dónde es posible sostener, en la actualidad, esta idea de un cuerpo heterónomo, obediente, dependiente de las decisiones de los adultos?

Uno de los temas emergentes de los estudios sobre la Posmodernidad fue el quiebre del concepto de infancia/adolescencia: si bien a lo largo de la historia el concepto fue cambiando, lo común era que dicho concepto era hegemónico y único. En cada momento histórico hubo una forma de considerarlas y definirlas.
A partir de la década del 90 del siglo pasado, este concepto se fracturó dando lugar a la descripción de una infancia/adolescencia desrealizada: los chicos que se volvieron independientes al reconstruir una serie de categorías morales propias –ligadas a la supervivencia- que les brindan cierta autonomía económica y moral. 
Niños y adolescentes no obedientes ni dependientes, con alto riesgo de ser excluidos de las relaciones de saber escolarizado (porque van poco a la escuela o han dejado de ir; o porque obtienen mínimos beneficios de su escolaridad).
Si bien niños y adolescentes excluidos y autónomos existieron siempre, hasta la consolidación del neoliberalismo en los 90, había consenso en que la escuela pública era el ámbito capad de absorberlos. Esta concepción pasó a ser fuertemente cuestionada, dando lugar a la noción de infancia/adolescencia incorregible: encarnada por los niños y adolescentes marginales, sin retorno, para los que se discuten la baja en la  edad para la imputabilidad de los delitos penales, y –llegado el caso- se discutirá la pena de muerte cuando se la ponga sobre la mesa para todos.
Dicho de otra manera: el problema no consiste en que haya aumentado el número de niños y adolescentes habituados al robo, el asesinato, la prostitución o la comercialización de sustancias prohibidas. Lo que había cesado en los 90 (y vuelve con el modelo neoliberal encarnado por el gobierno del PRO/Cambiemos porque forma parte de su concepción de entramado social) fue el convencimiento de que es posible darles respuestas que impliquen su reinserción. Y junto con este cese, se ha producido una retirada de la exclusividad que hasta entonces tenían la Pedagogía y la Psicología Educativa en la producción de discursos sobre esta infancia y la adolescencia, con lo que dejaron de ser llamados “niños y adolescentes”, para convertirse en “menores”. Menores cuyo lugar ya no es la escuela, sino el instituto, el centro de derivación, el correccional o la cárcel. Las nociones de infancia y adolescencia ya no responden a un discurso pedagogizado, sino judicializado.

Por supuesto que esta situación se fue gestando en un proceso más amplio. Ya a fines de la década de los 80, la pedagoga Cecilia Braslavsky escribió un libro titulado Juventud: informe de situación, en el que daba cuenta de la existencia de cientos de miles de jóvenes que no estudiaban ni trabajaban por un lado, y de jóvenes que estudiaban y trabajaban, por el otro. Todavía hoy podemos decir que ambos grupos siguen siendo reflejo del proceso por el cual ingresamos en alguna de las dos principales arterias de la condición social adulta actual: la sobreinclusión o la exclusión.

Según la socióloga Susana Torrado, los chicos que nacieron entre 1975 y 1985 son los que peor la pasaron porque mayoritariamente se socializaron en lugares de exclusión. Constituyeron, por lo tanto, una generación de difícil reinserción: podemos rastrearla como la generación cuya participación fue predominante en las diferentes formas de conflictividad social durante los años 2001/2002, y la que conformó mayoritariamente ese gran grupo militante que se comenzó a conformar después del que se vayan todos.

Los adolescentes actuales –mayoritariamente hijos de esta generación de adultos descripta por Susana Torrado- corren el riesgo de repetir la experiencia de sus padres. La socialización en lugares de exclusión lleva a la pasividad, a no esperar nada de los demás. Los discursos meritocráticos no hacen más que reforzar esta creencia: se les propone un modelo basado en el puro voluntarismo, cuando su experiencia cotidiana es tener que enfrentar un  exterior que los limita. Así, en una aparente paradoja estratégicamente planificada, lo que se refuerza es la creencia en que el futuro no depende de lo que ellos hagan. Estos discursos y estrategias son el exponente de una cultura en la que el pensamiento realista y constructivo está amenazado. Discursos y estrategias que convencen a los jóvenes que se sienten excluidos de ella de que el futuro bien puede arreglárselas sin sus aportes.
Se trata de un fenómeno de tal profundidad que incluso se verifica en un cambio radical en la perspectiva juvenil con respecto al tiempo libre. Ya no incluye la ocupación en hobbies, deportes o lecturas. Ahora es tiempo libre aquel en el que no se hace nada. La nueva lógica es que no hacer nada es hacer algo.

Una gran parte de ellos son los adolescentes y jóvenes que ya no pueden aspirar a tener un nivel de vida como el que habían alcanzado sus abuelos y el que alcanzaron los padres (la primera generación en su historia familiar en que las garantías de movilidad social ascendente se habían roto, pero que pudieron reorientar –al menos parcialmente- su biografía durante los 12 años del gobierno popular kirchnerista). Estos adolescentes y jóvenes son testigos de una experiencia hasta ahora inédita: la rápida frustración de las garantías de movilidad ascendente que no requirió más tiempo que el primer año de la vuelta del neoliberalismo de la mano del PRO/Cambiemos. Una experiencia que permite suponer que lo que va a consolidarse es una tendencia de movilidad descendente. En consecuencia, la mayoría le teme al futuro: tienen la convicción de que no podrán conseguir un buen empleo, sostener su propia familia, ser alguien. Con la presión adicional de la omnipresente meritocracia les advierte que están ante la última posibilidad de orientar su biografía: lo que no hagan ahora, ya no podrán hacerlo.

Este escenario no es exclusivo: su mundo adulto de referencia también se halla fracturado en su autonomía y su independencia. Un mundo cada vez más extendido en el que la proporción de los trabajadores informales vuelve a aumentar frente a los trabajadores del pleno empleo, a la par que el universo general de trabajadores disminuye. Un mundo que vuelve instalar la aspiración de empleo estable como utopía, y el empleo como períodos sucesivos intercalados con largos períodos de desocupación. El mundo que vuelve a proponernos el proyecto neoliberal –después de doce años continuados de  un modelo de inclusión con desarrollo- es uno en el cual se ha perdido la continuidad de la idea de que lo normal es trabajar todos los días, en un empleo formal con todas las garantías y todos los derechos laborales.

A pesar de que los estudiosos de este fenómeno ya lo anticipaban durante los años 90 hoy sabemos sin lugar a dudas –porque ya nos tocó transitarla- que esta situación no es inmediatamente modificable con la creación de nuevas fuentes de trabajo: la experiencia de socialización en este modelo de exclusión impacta fuertemente en la construcción de la subjetividad y en las formas de percepción de la vida social.  El futuro se avizora como un horizonte plagado de posibles frustraciones, por lo que ser joven se vuelve en un objetivo en sí mismo, una especie de presente continuo que no se define por ningún proyecto que lo trascienda.


Es imprescindible que tomemos conciencia de una vez de que tenemos que atender con urgencia, de un modo efectivo, esta situación: la exclusión es un proceso más que de estado. Y no es posible abordarla si no se ponen en relación lo que está ocurriendo –por un lado- en las situaciones de marginalidad extrema, de aislamiento social, y de pobreza absoluta con –por el otro- la configuración de situaciones de vulnerabilidad, de precariedad, y de fragilidad que con frecuencia las preceden y alimentan.
Operar sobre ella, por lo tanto, no estriba únicamente en una cuestión de mejora de sus ingresos, sino que concierne también al lugar que se les procura a los excluidos en la estructura social, incluyéndolos.
Por eso es imprescindible actuar antes de que la exclusión se produzca: operar sobre esa zona de vulnerabilidad en la que se produce el enfriamiento del vínculo social que precede a su ruptura. En lo que concierne al trabajo significa atacar la precariedad del empleo, y en el orden de la sociabilidad implica fortalecer los soportes proporcionados por la familia y el entorno familiar, en tanto y en cuanto dispensan la protección próxima.
Lo que estos jóvenes necesitan no son estrategias de disciplinamiento y represión, sino mecanismos para religarse al sistema. Y es función indelegable del Estado articular estas estrategias de inclusión. Estrategias que fueron abundantes y diversas durante los doce años de gobierno popular kirchnerista: AUH, planes PROGRESAR, PROCREAR, Jóvenes con más y mejor trabajo, Mi primer vuelo, Estímulos para estudiantes, Becas Bicentenario, Programa de repatriación de científicos, creación de universidades, creación de escuelas y jardines, extensión de la escolaridad obligatoria, ampliación del calendario de vacunación gratuita y obligatoria, Coros y Orquestas Infantiles y Juveniles, Centros de Actividades Infantiles y Juveniles, universalización del beneficio previsional y Ley de Movilidad Jubilatoria, paritarias, promoción de créditos blandos para PyMES…
Estrategias que se abandonaron –o directamente fueron combatidas- durante el último año, con la asunción del PRO/Cambiemos al gobierno.


No podemos soslayar el hecho de que cuando se ve amenazada la integración a través del trabajo, también recae la amenaza sobre la inserción social al margen del trabajo. La ascensión de la vulnerabilidad no es únicamente la precarización del trabajo, sino la consecuente fragilización de los soportes relacionales que aseguran la inserción en un medio en el que resulta humano vivir. Se podría mostrar que, al menos para las clases populares, existe una fuerte correlación entre una inscripción sólida en un orden estable de trabajo, al que van anexas garantías y derechos, y la estructuración de la sociabilidad a través de las condiciones del hábitat, la solidez y la importancia de las protecciones familiares, la inscripción en redes concretas de solidaridad entre las cuales las provistas desde y por el Estado ocupan un lugar privilegiado: por universales, por equitativas, y por estratégicas, ya que pueden orientar sus acciones concretas hacia los objetivos de los modelos de producción y Estado que se pretenden desarrollar y consolidar, como se puede ejemplificar a través de las que he enumerado en el parágrafo anterior. En la medida en que la protección social está fuertemente ligada al trabajo protegido, una desestabilización de la organización del trabajo implica socavar las raíces de las políticas sociales.

Es inevitable –y está bien que así sea- que la sensación de vulnerabilidad que hoy compartimos permanezca adosada al recuerdo de un modelo de Estado por el que nos sentíamos protegidos y a su posterior desaparición.
Es por esto que el tratamiento actual de la vulnerabilidad social no podría ser el mismo que el de los años ‘30, cuando el Estado aún no había desplegado una base suficientemente sólida de protección. No equivale a partir de cero como si no existiese una memoria social, que es la memoria de la existencia de una protección social. Ni equivale a partir de los años 80, cuando el neoliberalismo aún no había concretado sus amenazas de exclusión. Pero tampoco después de haber vivido los tres períodos de gobierno nacional y popular presididos por Néstor y Cristina Kirchner.


Tampoco podemos desconsiderar que la Argentina, como todas las sociedades contemporáneas atravesadas por los procesos de globalización cultural y económica promovidos por el neoliberalismo, ha sufrido una crisis aguda de las identidades. Una crisis de las maneras en que los ciudadanos nos imaginábamos dentro de colectivos. En la modernidad, las opciones eran variadas e inclusive podían superponerse: uno era ciudadano, pero a la vez trabajador/a, joven, hombre/mujer, universitario/a; peronista –y se podía aclarar “de izquierda”-, gordo/a e hincha de un club de fútbol. Muchas veces, todo eso junto.
Pero hoy tenemos la memoria de un mundo que ya hemos vivido y que ha vuelto,  en el que el trabajo se dedica a expulsar, ser joven es delito, ser peronista significa un estallido de significaciones y a la traición menemista se le han sumado otras más dolorosas, ser gordo es un estigma, y las grandes tradiciones de inclusión ciudadana se ven amenazadas por las duras políticas de exclusión social que se promueven desde las tribunas de opinión mediática y se concretan desde un gobierno de y para ricos.
Parecen quedar pocas posibilidades de identidad fuera de discusión. Apenas ser hincha de algún equipo, y –quizás- participar de alguna tribu urbana. El problema con estas formas de identidad hoy toleradas es que no son ni pueden ser políticas y, por lo tanto,  la discusión por la inclusión y la ciudadanía se diluye en una forma de ciudadanía menor, confortable y mentirosa. Pero, por otro lado, la intolerancia es radical frente a las identidades políticas: se las concibe como lo absolutamente otro, y el deslizamiento de la consideración del otro como rival al otro como enemigo es inevitable.
El ejemplo más concreto es la insistencia desde los medios corporativos en que “el kirchnerismo está muerto”, “no vuelven más”: la negación de la existencia del otro, lejos del contacto tolerante de la sociedad democrática, implica aceptar que el otro puede desaparecer, ser suprimido; o lo que es peor, que debe ser suprimido. Y junto con él, todo lo que lo representa: su proyecto político, los derechos reconocidos, las conquistas y logros alcanzados.

En síntesis, si se quiere intervenir sobre la zona de exclusión para dar una respuesta efectiva a los problemas derivados de la ruptura de la trama social que las propias políticas del gobierno actual están provocando, las estrategias centradas en la vigilancia y la represión no son las más adecuadas. No se trata de construir un aparato represivo estatal para responder a la protesta social, ni de bajar la edad de imputabilidad para afrontar el aumento de los índices de criminalidad (que, por otro lado, se sostiene que está en baja, deslegitimando la necesidad de sus propias propuestas). Es necesaria otra modalidad de intervención social, remontando la corriente hasta la zona de vulnerabilidad, que es la zona de la precarización del trabajo y de la fragilización de los pilares de la sociabilidad (el marco de vida, la vivienda, la economía de las relaciones de vecindad, las políticas de empleo).
Estas políticas de intervención deben poner el acento en la formación. Se trata de mejorar las capacidades de quienes poseen una baja cualificación y que por esto se encuentran en situación de inempleabilidad. Este objetivo es muy limitado cuando al  mismo tiempo la lista de las cualificaciones se eleva incesantemente en función de criterios incontrolados o discutibles, como cuando las empresas contratan a candidatos supercalificados o cuando la formación permanente funciona como una selección permanente que crea inempleables al mismo tiempo que mantiene a algunos en el empleo, o cuando la búsqueda de una flexibilidad extrema desestabiliza completamente la política de personal de una empresa. Si formación y empleo forman efectivamente una pareja, su articulación no puede ser eficaz poniendo únicamente el acento en la formación. Es necesario, paralelamente, fomentar la creación de empleo decente.
En consecuencia, dado que las dinámicas de exclusión están actuando antes de que se llegue a la exclusión, difícilmente se la podrá eliminar si se persiste en contemplarla bajo el exclusivo prisma de las preocupaciones relativas a la lucha contra los excluidos. El despliegue de este tipo de políticas apenas podría servir de pobre coartada para el abandono de las verdaderas políticas de integración.


Viviana Taylor







domingo, 18 de diciembre de 2016

La pesada herencia macrista en la CABA que contagia al país: Precarización Laboral


Viviana Taylor

Para muestra vale un botón, reza un viejo dicho popular, ya más viejo que popular.

Por eso esta vez, para abordar un tema que hace al núcleo de la inclusión, me hago eco de un caso que muestra como pocos –dada su claridad- la ausencia de políticas de inclusión laboral, más allá de sus habituales disfraces  meramente discursivos.

La política de inclusión implica un plan de acciones estratégicamente articuladas, y transversales a todos los ámbitos de la vida pública, que garantice la extensión de los mismos derechos a todas las personas. Y para que su cumplimiento sea posible -y efectivamente alcanzable- requiere estrategias de compensación para quienes no parten de las mismas condiciones que los otros.

Como quedará descripto, estas políticas no se han hecho efectivas en la Ciudad de Buenos Aires, por falta de compromiso político del gobierno del PRO. Y por el avance de la precarización laboral desde su asunción en el gobierno nacional (muy particularmente verificable en la provincia de Buenos Aires, donde también gobierna la coalición PRO/Cambiemos en alianza con el massismo) es posible no sólo aventurar que la situación se agravará en todo el país, sino que las personas con discapacidad están en máximo riesgo de pasar de la vulnerabilidad a la exclusión laboral.




LA PRECARIZACIÓN LABORAL DE LA HERENCIA MACRISTA:
Experiencia en primera persona


Hola:
Mi nombre es Natalia Verónica Gulino.
Me dirijo a ustedes con el fin de hacerles llegar mi testimonio y
denuncia. Necesito contarles la situación de precariedad laboral por
la que me encuentro pasando desde hace ya 8 años en el Gobierno de la
Ciudad, en COPIDIS, que es la Comisión de Discapacidad del Ejecutivo
Porteño, siendo aún yo una persona discapacitada. Me pagan menos del
salario mínimo, vital y móvil y año tras año me amenazan con no
renovarme el contrato  y cuando se renuevan los mismos, estoy muchos
meses sin cobrar. También,  me persiguen y hostigan todo el tiempo por
no hacer trabajos partidarios para el PRO.
Tengo 34 años y ya es insostenible seguir de este modo, cuando además,
hay legislación laboral que regula un cupo en el estado que está
reservado para personas con discapacidad. Dicho cupo, tanto en nación
como en ciudad, no son topes, sino mínimos que deben cumplirse y en
casi ningún organismo los cumplen porque no les interesa la
empleabilidad formal de los discapacitados.
Pese a tener buena formación y experiencia, no me valoran y el
maltrato es constante. Me siento muy sola porque son muchos años que
vengo peleando por mi estabilidad laboral, la que es un derecho y no
logro ser escuchada.
Mi reclamo concreto, es el inmediato pase a la planta permanente con
el reconocimiento de la antigüedad acumulada a lo largo de todos estos
años y la actualización salarial.
Les solicito, tengan a bien tomarse un momento para interiorizarse
sobre mi situación, la que necesito visibilizar en los medios masivos
de comunicación. También, les pido, que puedan compartir entre sus
colegas dicho material, así más compañeros pueden tomar conocimiento
de lo que me pasa y darle difusión.
Sé que son tiempos difíciles, pero espero que puedan conocerme y
atender mi caso, dedicándole un espacio en sus programas de radio y TV,
en diarios y portales de internet, así como también, en sus
agrupaciones sociales y de militancia política, de la mejor manera que
lo crean conveniente.





lunes, 5 de diciembre de 2016

Suelo y Soberanía Alimentaria




Soberanía Alimentaria en riesgo



Por Viviana Taylor

En junio del 2013 la Conferencia de la FAO aprobó por unanimidad celebrar el Día Mundial del Suelo, debido a su importancia crítica en los sistemas naturales y su contribución vital al bienestar de la humanidad. Y durante la 68th Asamblea General de las Naciones Unidas se declaró al 5 de Diciembre como la fecha oficial para esta celebración a nivel mundial.

Parece obvio afirmar que sin el suelo no podríamos seguir produciendo alimentos. Sin embargo, cuando sondeamos cómo se lo trata en las políticas públicas la obviedad desaparece: estamos transitando por un camino en el que –de persistir- no podremos resguardar la seguridad y soberanía alimentaria de nuestro Pueblo, a la vez que perderemos productividad. Interesante paradoja, porque es en nombre de esta última que se están tomando las decisiones que –lejos de beneficiarnos- serán nuestra condena.


Veamos. En su informe "El estado de los bosques en el mundo 2016", la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, por sus siglas en inglés) señaló que “la agricultura comercial origina casi el 70 % de la deforestación en América Latina”. Los países examinados fueron Argentina, Brasil, Bolivia, Paraguay, Venezuela, Colombia y Perú.

Aunque este estudio abarca el período 1990-2005, conviene tenerlo en cuenta porque coincide con el escenario político, económico e ideológico que fue germen de la situación actual: el modelo neoliberal del agronegocio.  Modelo que básicamente podríamos describir como la articulación de un complejo agroexportador, con grandes productores y exportadoras a la cabeza, denominados “pool de siembra”.

Este modelo se estableció a lo ancho del mundo desde la década de los 70, y en Argentina logró su máximo esplendor a partir de los 90, cuando se firmó el Decreto de Desregulación de 1991, por el cual fueron eliminados los organismos que tenían por finalidad regular la actividad agraria: la Junta Nacional de Granos, la Junta Nacional de Carne, la Dirección Nacional del Azúcar, etc.

Este nuevo escenario posibilitó -y promovió- la intensificación de la plantación y comercialización de la soja. Y cobró un nuevo impulso con la aparición en el mercado la soja transgénica, que rápidamente sustituyó a la convencional y se convirtió en uno de los principales productos de exportación.

Así, de la mano de la soja transgénica, la siembra directa, la semilla RR resistente al glifosato, y el modelo expansivo, las empresas transnacionales se convirtieron en sus principales beneficiarias. Y el impacto negativo cayó sobre cuestiones sociales, económicas, medioambientales y de salud pública.

En términos generales, durante el período abordado por este estudio, que pocas voces se preguntaron en qué medida era perjudicial una excesiva especialización en este cultivo y la gran vulnerabilidad a una excesiva dependencia de un producto casi exclusivamente de exportación. Un silencio generalizado que fue cómplice de la creciente pérdida de la soberanía alimentaria,  del deterioro ambiental, (con el incremento en un 43% de las tierras cultivables que avanzaron sobre vastas extensiones, como la yunga norteña y la deforestación del 45% de los bosques, provocando una creciente desertificación de los suelos y el agravamiento de inundaciones, incluso en zonas que hasta entonces no eran inundables; la contaminación con agrotóxicos de napas de agua y del aire), de enormes perjuicios para la salud pública (alarmante aumento de la morbilidad y de la prevalencia de enfermedades asociadas a este tipo contaminación, malformaciones embrionarias humanas y animales, presencia de glifosatos en la composición de alimentos de origen animal y vegetal) y del desplazamiento con violencia de comunidades campesinas e indígenas de sus hábitats habituales.

Me detengo un párrafo para poner en relieve la gravedad de la pérdida de bosques. Dado que contienen el 65% de la diversidad biológica terrestre del planeta, su desaparición no sólo afecta a esta diversidad, sino que se resiente la provisión de proteínas y plantas medicinales, la conservación de fuentes de agua, la prevención de inundaciones, y la protección de los suelos de la erosión. Por otra parte, dado que también funcionan como depósito de dióxido de carbono –uno de los principales gases de efecto invernadero- la deforestación se ha vuelto uno de los elementos que contribuyen al cambio climático. Y el agronegocio se ha vuelto la principal razón de la deforestación.




Así fue como, a partir del citado Decreto de Desregulación de 1991 –cuando el sector agrario argentino se transformó en uno de los menos regulados del mundo- cambiaron los arreglos institucionales referidos a la coexistencia de la pequeña unidad agraria con la gran explotación ganadera y agraria.

Otras medidas adoptadas durante los años 90 se articularon con ésta conformando la base de sustento para un gran ajuste estructural de corte neoliberal que contribuyó a la desaparición de numerosas explotaciones agropecuarias (fundamentalmente aquellas que tenían menos de 200 Hectáreas) y a la consolidación de los agronegocios de las grandes empresas del sistema agroalimentario: la liberación al mercado de la semilla transgénica round up ready RR en 1996; las privatizaciones, desregulaciones y la apertura casi indiscriminada al exterior, aplicadas al conjunto de la economía en aras de lograr “una mayor integración a la economía mundial”; las transformaciones del sistema de procesamiento industrial, la comercialización y la distribución final de alimentos; y la provisión de insumos (en particular, de semillas, que le impidió a los agricultores resembrarlas en beneficio del reconocimiento de propiedad intelectual a Monsanto).

Un gran ajuste estructural –como decía- que repercutió sobre las tendencias y la variabilidad de la actividad agropecuaria, los precios de su producción y de sus insumos; y que redujo a Argentina a ser considerada como un país de provisión de recursos, sin importar las consecuencias que su explotación conllevara.

Un gran ajuste estructural y un magnífico negocio para estos pools de siembra que se convirtieron en los principales beneficiados del proceso. Tanto que, cuando durante su primer mandato como Presidenta, las políticas encaradas por Cristina Fernández de Kirchner tocaron  los intereses de estos pools, fueron defendidos por una alianza entre opositores políticos, poder mediático y poder judicial, provocando la mayor crisis política que debió atravesar el kirchnerismo durante sus 12 años de gobierno.

Desde entonces –y a pesar del vendaval en contra- pudo comenzar recorrerse un interesante camino. La defensa de la semilla como patrimonio de los pueblos, la revalorización de los saberes de la agricultura a pequeña escala y su transmisión a las nuevas generaciones comenzaron a cambiar el escenario, a partir del esfuerzo de los trabajadores de diversos organismos como el Instituto de Tecnología Agropecuaria (INTA), que impulsó la capacitación, formación y dio respaldo a miles de pequeños productores en todo el país. Según el Registro Nacional de Agricultura Familiar, el 50% de los productores de la región pampeana son familiares con fuerte incidencia en la horticultura, apicultura, floricultura y porcinos. Y si bien hay registradas 27.000 explotaciones o unidades productivas familiares, se estima que funcionan unas 35.000. El otro 50% son medianos productores capitalizados y grandes productores.


Esas cifras ponen en evidencia el desarrollo que en los últimos años adquirieron los pequeños productores y la agricultura familiar como valor cultural y económico de nuestro país.


Sin embargo, desde la asunción del nuevo gobierno del PRO/Cambiemos este camino se está abandonando.
Durante 2016 –además del desfinanciamiento de programas- los agricultores familiares no recibieron a tiempo para su siembra las semillas para la temporada primavera-verano, lo que retrasó el ciclo natural de las plantas. Y eso sin tener en cuenta  que alguna inclemencia climática ponga en  más riesgo de fracaso a los cultivos. Pero hay más: cuando no llega la semilla, también se cae el técnico que asiste gratuitamente a un grupo de productores para que no tengan que pagar a un agrónomo. Y así se van desarmando los programas, con una sistematicidad que durante este año el gobierno mostró en todos los ámbitos de la administración pública que sabe perfectamente cómo instrumentar: desarticular sin cerrar.

Nada hace prever que situación vaya a mejorar, sino todo lo contrario. El Presupuesto para 2017 prevé recortes sustanciales en organismos como el INTA, el SENASA y otros, amenazando aún más el trabajo territorial con productores y organizaciones de la agricultura familiar, perjudicando la continuidad de las actividades de extensión e investigación en los territorios, y afectando gravemente las economías regionales. Y dado que cerca del 80% de los alimentos que se consumen en el país son generados por agricultores familiares, muchos los cuales desaparecerán, se prevén dificultades en el abastecimiento de alimentos con un  consecuente aumento de sus precios… Por lo que también podemos sospechar que la inflación –a pesar de los oráculos oficialistas- probablemente no va a bajar. No al menos en lo referente a la canasta básica.


Una razón adicional por la que es preocupante el desfinanciamiento de estos programas en el contexto actual de crisis económica, de ajuste y de empleo, es la que enuncia Marcelo Miranda, técnico del INTA y referente del Programa ProHuerta para Berisso y Ensenada. Miranda, biólogo de profesión que trabaja con plantas nativas, plantas medicinales, mimbre y sauce, afirmó en una entrevista al diario Contexto publicada el 2 de octubre que “se está notando bastante fuerte que la gente recurre a la huerta para hacer economía en su hogar y porque tiene más tiempo ocioso, porque el perfil con el que trabajamos nosotros tiene changas o empleos temporarios. La gente está más tiempo en la casa y necesita parar la olla de alguna manera”.


Por su parte, Alicia Alem, descendiente de Leandro N.  Alem y al frente de una cooperativa de Cañuelas que participó de la 6º Feria Provincial de Semillas Nativas y Criollas que se realizó el 1º de octubre en la Estación Experimental J. Hirschhon, en Los Hornos (La Plata) cuenta que:  Ahora a la cooperativa están viniendo a pedirnos herramientas, semillas y animales reproductores. Me hace acordar a 2001 y me asusta”. “Una parte de la sociedad que fue cómplice de la dictadura está volviendo a instalar el mismo sistema de concentración de la riqueza, de desigualdad y de exclusión, y eso genera violencia más tarde o más temprano y no sabemos cómo puede terminar”. “El camino es la movilización social y las propuestas sin negociar la dignidad”.



Este nuevo camino que hoy nos desafía, de movilización social sin negociar dignidad, ya ha comenzado a generar acciones de resistencia, aunque –al menos por ahora- no tengan la publicidad necesaria.

Por un lado, productores, universitarios y representantes de diversos organismos están enfrascados en pleno debate sobre los dos proyectos de ley de semillas que están en danza en el Congreso, uno de ellos impulsado por la Federación Agraria llamado “el anteproyecto Príncipe” (en referencia a Omar Príncipe, su presidente) y el otro al que llaman la “Ley Monsanto”, en referencia al proyecto que el gobierno de Macri acordó con el gigante multinacional transgénico.

Por otro, también hay un interesante trabajo de análisis sobre la Ley 27.118 de Reparación Histórica de la Agricultura Familiar, Campesina e Indígena que defiende a la agricultura familiar como aporte para la soberanía alimentaria y la construcción de un modelo de agricultura más sustentable, que fue aprobada por unanimidad por el Congreso en diciembre de 2014, pero que todavía no está reglamentada ni tiene financiación.



La conservación, multiplicación y uso de las semillas nativas y criollas contribuyen a garantizar la soberanía alimentaria y el desarrollo integral de los productores familiares en el territorio mediante la ejecución de políticas de Estado para el sector con la participación de las organizaciones de la agricultura familiar, campesina y pueblos originarios.

La soberanía alimentaria es el derecho de los pueblos a decidir su propio sistema alimentario y productivo; su derecho a consumir alimentos nutritivos y culturalmente adecuados, accesibles, producidos de forma sustentable y ecológica.




Viviana Taylor