miércoles, 4 de enero de 2017

Edad de imputabilidad y políticas de integración


Baja de la edad de imputabilidad

y políticas de integración





Por Viviana Taylor



Casi coincidentemente con la noticia de que quien presuntamente le disparó a Brian Aguinaco (el niño asesinado en Flores cuya muerte originó un levantamiento de vecinos contra la Comisaría 38, cuya cúpula fue removida) también es menor, comenzó a multiplicarse entre los programas televisivos de panelistas el debate sobre la baja de la edad de imputabilidad. Sin dudas, la mejor estrategia para crear opinión pública: su alto grado de efectividad deriva directamente de la superficialidad con que se presentan los temas, volviendo innecesario el esfuerzo que implica comprender y repensar argumentos, sólo apelando a la pura emocionalidad. La mejor muestra de por qué el gobierno propone la abolición del pensamiento crítico.



Instalado el tema, no tardó en aparecer la opinión del ministro de Justicia y Derechos Humanos Germán Garavano, quien aseguró que “hoy la posición del Gobierno es que hay una situación en esa franja de 15 años que debe ser abordada por la ley, pero en base a consensos con UNICEF y todo el arco político”. Y que la idea es comenzar “una discusión seria” en 2017 para darle tratamiento legislativo “recién en 2018, lejos de las elecciones”.  Y, si bien manifiesta estar de acuerdo con UNICEF en el problema que es necesario abordarlo desde la reinserción laboral y escolar, no lo está en que no sea necesario bajar la edad de imputabilidad.





A contramano y contrapelo de la opinión mediatizada, creo que es necesario partir de algunas consideraciones previas, a modo de fundamento para tomar posicionamiento.

La infancia y la adolescencia –tal y como las conocemos y entendemos- son una construcción histórica, cuyas características pueden ser esquemáticamente delineadas a partir de la heteronomía, la dependencia y la obediencia al adulto a cambio de su protección. Heteronomía que significa la necesidad de ordenar la conducta según reglas impuestas por otros, y de ahí la dependencia y obediencia al adulto, autónomo por definición.
Como resultado de esta concepción, la institución escolar se constituyó en el dispositivo para encerrar a la infancia y a la adolescencia: un encierro material, físico, en el que el ser alumno equivale a ocupar el lugar heterónomo de no-saber, contrapuesto al lugar del docente que es el del adulto autónomo que sabe, y en virtud de este saber es quien enseña. Una institución en la que se niega la existencia de todo saber previo al ingreso a ella, a menos que coincida con los que en ella se transmiten.
Una institución en la que ser alumno no es otra cosa que ser un cuerpo que –en manos de un educador- debe ser formado, disciplinado, educado. Y que por indefenso, ignorante y carente de razón, debe obediencia a quien lo guiará hacia la autonomía en la que la obediencia ya no sea necesaria.




¿Hasta dónde es posible sostener, en la actualidad, esta idea de un cuerpo heterónomo, obediente, dependiente de las decisiones de los adultos?

Uno de los temas emergentes de los estudios sobre la Posmodernidad fue el quiebre del concepto de infancia/adolescencia: si bien a lo largo de la historia el concepto fue cambiando, lo común era que dicho concepto era hegemónico y único. En cada momento histórico hubo una forma de considerarlas y definirlas.
A partir de la década del 90 del siglo pasado, este concepto se fracturó dando lugar a la descripción de una infancia/adolescencia desrealizada: los chicos que se volvieron independientes al reconstruir una serie de categorías morales propias –ligadas a la supervivencia- que les brindan cierta autonomía económica y moral. 
Niños y adolescentes no obedientes ni dependientes, con alto riesgo de ser excluidos de las relaciones de saber escolarizado (porque van poco a la escuela o han dejado de ir; o porque obtienen mínimos beneficios de su escolaridad).
Si bien niños y adolescentes excluidos y autónomos existieron siempre, hasta la consolidación del neoliberalismo en los 90, había consenso en que la escuela pública era el ámbito capad de absorberlos. Esta concepción pasó a ser fuertemente cuestionada, dando lugar a la noción de infancia/adolescencia incorregible: encarnada por los niños y adolescentes marginales, sin retorno, para los que se discuten la baja en la  edad para la imputabilidad de los delitos penales, y –llegado el caso- se discutirá la pena de muerte cuando se la ponga sobre la mesa para todos.
Dicho de otra manera: el problema no consiste en que haya aumentado el número de niños y adolescentes habituados al robo, el asesinato, la prostitución o la comercialización de sustancias prohibidas. Lo que había cesado en los 90 (y vuelve con el modelo neoliberal encarnado por el gobierno del PRO/Cambiemos porque forma parte de su concepción de entramado social) fue el convencimiento de que es posible darles respuestas que impliquen su reinserción. Y junto con este cese, se ha producido una retirada de la exclusividad que hasta entonces tenían la Pedagogía y la Psicología Educativa en la producción de discursos sobre esta infancia y la adolescencia, con lo que dejaron de ser llamados “niños y adolescentes”, para convertirse en “menores”. Menores cuyo lugar ya no es la escuela, sino el instituto, el centro de derivación, el correccional o la cárcel. Las nociones de infancia y adolescencia ya no responden a un discurso pedagogizado, sino judicializado.

Por supuesto que esta situación se fue gestando en un proceso más amplio. Ya a fines de la década de los 80, la pedagoga Cecilia Braslavsky escribió un libro titulado Juventud: informe de situación, en el que daba cuenta de la existencia de cientos de miles de jóvenes que no estudiaban ni trabajaban por un lado, y de jóvenes que estudiaban y trabajaban, por el otro. Todavía hoy podemos decir que ambos grupos siguen siendo reflejo del proceso por el cual ingresamos en alguna de las dos principales arterias de la condición social adulta actual: la sobreinclusión o la exclusión.

Según la socióloga Susana Torrado, los chicos que nacieron entre 1975 y 1985 son los que peor la pasaron porque mayoritariamente se socializaron en lugares de exclusión. Constituyeron, por lo tanto, una generación de difícil reinserción: podemos rastrearla como la generación cuya participación fue predominante en las diferentes formas de conflictividad social durante los años 2001/2002, y la que conformó mayoritariamente ese gran grupo militante que se comenzó a conformar después del que se vayan todos.

Los adolescentes actuales –mayoritariamente hijos de esta generación de adultos descripta por Susana Torrado- corren el riesgo de repetir la experiencia de sus padres. La socialización en lugares de exclusión lleva a la pasividad, a no esperar nada de los demás. Los discursos meritocráticos no hacen más que reforzar esta creencia: se les propone un modelo basado en el puro voluntarismo, cuando su experiencia cotidiana es tener que enfrentar un  exterior que los limita. Así, en una aparente paradoja estratégicamente planificada, lo que se refuerza es la creencia en que el futuro no depende de lo que ellos hagan. Estos discursos y estrategias son el exponente de una cultura en la que el pensamiento realista y constructivo está amenazado. Discursos y estrategias que convencen a los jóvenes que se sienten excluidos de ella de que el futuro bien puede arreglárselas sin sus aportes.
Se trata de un fenómeno de tal profundidad que incluso se verifica en un cambio radical en la perspectiva juvenil con respecto al tiempo libre. Ya no incluye la ocupación en hobbies, deportes o lecturas. Ahora es tiempo libre aquel en el que no se hace nada. La nueva lógica es que no hacer nada es hacer algo.

Una gran parte de ellos son los adolescentes y jóvenes que ya no pueden aspirar a tener un nivel de vida como el que habían alcanzado sus abuelos y el que alcanzaron los padres (la primera generación en su historia familiar en que las garantías de movilidad social ascendente se habían roto, pero que pudieron reorientar –al menos parcialmente- su biografía durante los 12 años del gobierno popular kirchnerista). Estos adolescentes y jóvenes son testigos de una experiencia hasta ahora inédita: la rápida frustración de las garantías de movilidad ascendente que no requirió más tiempo que el primer año de la vuelta del neoliberalismo de la mano del PRO/Cambiemos. Una experiencia que permite suponer que lo que va a consolidarse es una tendencia de movilidad descendente. En consecuencia, la mayoría le teme al futuro: tienen la convicción de que no podrán conseguir un buen empleo, sostener su propia familia, ser alguien. Con la presión adicional de la omnipresente meritocracia les advierte que están ante la última posibilidad de orientar su biografía: lo que no hagan ahora, ya no podrán hacerlo.

Este escenario no es exclusivo: su mundo adulto de referencia también se halla fracturado en su autonomía y su independencia. Un mundo cada vez más extendido en el que la proporción de los trabajadores informales vuelve a aumentar frente a los trabajadores del pleno empleo, a la par que el universo general de trabajadores disminuye. Un mundo que vuelve instalar la aspiración de empleo estable como utopía, y el empleo como períodos sucesivos intercalados con largos períodos de desocupación. El mundo que vuelve a proponernos el proyecto neoliberal –después de doce años continuados de  un modelo de inclusión con desarrollo- es uno en el cual se ha perdido la continuidad de la idea de que lo normal es trabajar todos los días, en un empleo formal con todas las garantías y todos los derechos laborales.

A pesar de que los estudiosos de este fenómeno ya lo anticipaban durante los años 90 hoy sabemos sin lugar a dudas –porque ya nos tocó transitarla- que esta situación no es inmediatamente modificable con la creación de nuevas fuentes de trabajo: la experiencia de socialización en este modelo de exclusión impacta fuertemente en la construcción de la subjetividad y en las formas de percepción de la vida social.  El futuro se avizora como un horizonte plagado de posibles frustraciones, por lo que ser joven se vuelve en un objetivo en sí mismo, una especie de presente continuo que no se define por ningún proyecto que lo trascienda.


Es imprescindible que tomemos conciencia de una vez de que tenemos que atender con urgencia, de un modo efectivo, esta situación: la exclusión es un proceso más que de estado. Y no es posible abordarla si no se ponen en relación lo que está ocurriendo –por un lado- en las situaciones de marginalidad extrema, de aislamiento social, y de pobreza absoluta con –por el otro- la configuración de situaciones de vulnerabilidad, de precariedad, y de fragilidad que con frecuencia las preceden y alimentan.
Operar sobre ella, por lo tanto, no estriba únicamente en una cuestión de mejora de sus ingresos, sino que concierne también al lugar que se les procura a los excluidos en la estructura social, incluyéndolos.
Por eso es imprescindible actuar antes de que la exclusión se produzca: operar sobre esa zona de vulnerabilidad en la que se produce el enfriamiento del vínculo social que precede a su ruptura. En lo que concierne al trabajo significa atacar la precariedad del empleo, y en el orden de la sociabilidad implica fortalecer los soportes proporcionados por la familia y el entorno familiar, en tanto y en cuanto dispensan la protección próxima.
Lo que estos jóvenes necesitan no son estrategias de disciplinamiento y represión, sino mecanismos para religarse al sistema. Y es función indelegable del Estado articular estas estrategias de inclusión. Estrategias que fueron abundantes y diversas durante los doce años de gobierno popular kirchnerista: AUH, planes PROGRESAR, PROCREAR, Jóvenes con más y mejor trabajo, Mi primer vuelo, Estímulos para estudiantes, Becas Bicentenario, Programa de repatriación de científicos, creación de universidades, creación de escuelas y jardines, extensión de la escolaridad obligatoria, ampliación del calendario de vacunación gratuita y obligatoria, Coros y Orquestas Infantiles y Juveniles, Centros de Actividades Infantiles y Juveniles, universalización del beneficio previsional y Ley de Movilidad Jubilatoria, paritarias, promoción de créditos blandos para PyMES…
Estrategias que se abandonaron –o directamente fueron combatidas- durante el último año, con la asunción del PRO/Cambiemos al gobierno.


No podemos soslayar el hecho de que cuando se ve amenazada la integración a través del trabajo, también recae la amenaza sobre la inserción social al margen del trabajo. La ascensión de la vulnerabilidad no es únicamente la precarización del trabajo, sino la consecuente fragilización de los soportes relacionales que aseguran la inserción en un medio en el que resulta humano vivir. Se podría mostrar que, al menos para las clases populares, existe una fuerte correlación entre una inscripción sólida en un orden estable de trabajo, al que van anexas garantías y derechos, y la estructuración de la sociabilidad a través de las condiciones del hábitat, la solidez y la importancia de las protecciones familiares, la inscripción en redes concretas de solidaridad entre las cuales las provistas desde y por el Estado ocupan un lugar privilegiado: por universales, por equitativas, y por estratégicas, ya que pueden orientar sus acciones concretas hacia los objetivos de los modelos de producción y Estado que se pretenden desarrollar y consolidar, como se puede ejemplificar a través de las que he enumerado en el parágrafo anterior. En la medida en que la protección social está fuertemente ligada al trabajo protegido, una desestabilización de la organización del trabajo implica socavar las raíces de las políticas sociales.

Es inevitable –y está bien que así sea- que la sensación de vulnerabilidad que hoy compartimos permanezca adosada al recuerdo de un modelo de Estado por el que nos sentíamos protegidos y a su posterior desaparición.
Es por esto que el tratamiento actual de la vulnerabilidad social no podría ser el mismo que el de los años ‘30, cuando el Estado aún no había desplegado una base suficientemente sólida de protección. No equivale a partir de cero como si no existiese una memoria social, que es la memoria de la existencia de una protección social. Ni equivale a partir de los años 80, cuando el neoliberalismo aún no había concretado sus amenazas de exclusión. Pero tampoco después de haber vivido los tres períodos de gobierno nacional y popular presididos por Néstor y Cristina Kirchner.


Tampoco podemos desconsiderar que la Argentina, como todas las sociedades contemporáneas atravesadas por los procesos de globalización cultural y económica promovidos por el neoliberalismo, ha sufrido una crisis aguda de las identidades. Una crisis de las maneras en que los ciudadanos nos imaginábamos dentro de colectivos. En la modernidad, las opciones eran variadas e inclusive podían superponerse: uno era ciudadano, pero a la vez trabajador/a, joven, hombre/mujer, universitario/a; peronista –y se podía aclarar “de izquierda”-, gordo/a e hincha de un club de fútbol. Muchas veces, todo eso junto.
Pero hoy tenemos la memoria de un mundo que ya hemos vivido y que ha vuelto,  en el que el trabajo se dedica a expulsar, ser joven es delito, ser peronista significa un estallido de significaciones y a la traición menemista se le han sumado otras más dolorosas, ser gordo es un estigma, y las grandes tradiciones de inclusión ciudadana se ven amenazadas por las duras políticas de exclusión social que se promueven desde las tribunas de opinión mediática y se concretan desde un gobierno de y para ricos.
Parecen quedar pocas posibilidades de identidad fuera de discusión. Apenas ser hincha de algún equipo, y –quizás- participar de alguna tribu urbana. El problema con estas formas de identidad hoy toleradas es que no son ni pueden ser políticas y, por lo tanto,  la discusión por la inclusión y la ciudadanía se diluye en una forma de ciudadanía menor, confortable y mentirosa. Pero, por otro lado, la intolerancia es radical frente a las identidades políticas: se las concibe como lo absolutamente otro, y el deslizamiento de la consideración del otro como rival al otro como enemigo es inevitable.
El ejemplo más concreto es la insistencia desde los medios corporativos en que “el kirchnerismo está muerto”, “no vuelven más”: la negación de la existencia del otro, lejos del contacto tolerante de la sociedad democrática, implica aceptar que el otro puede desaparecer, ser suprimido; o lo que es peor, que debe ser suprimido. Y junto con él, todo lo que lo representa: su proyecto político, los derechos reconocidos, las conquistas y logros alcanzados.

En síntesis, si se quiere intervenir sobre la zona de exclusión para dar una respuesta efectiva a los problemas derivados de la ruptura de la trama social que las propias políticas del gobierno actual están provocando, las estrategias centradas en la vigilancia y la represión no son las más adecuadas. No se trata de construir un aparato represivo estatal para responder a la protesta social, ni de bajar la edad de imputabilidad para afrontar el aumento de los índices de criminalidad (que, por otro lado, se sostiene que está en baja, deslegitimando la necesidad de sus propias propuestas). Es necesaria otra modalidad de intervención social, remontando la corriente hasta la zona de vulnerabilidad, que es la zona de la precarización del trabajo y de la fragilización de los pilares de la sociabilidad (el marco de vida, la vivienda, la economía de las relaciones de vecindad, las políticas de empleo).
Estas políticas de intervención deben poner el acento en la formación. Se trata de mejorar las capacidades de quienes poseen una baja cualificación y que por esto se encuentran en situación de inempleabilidad. Este objetivo es muy limitado cuando al  mismo tiempo la lista de las cualificaciones se eleva incesantemente en función de criterios incontrolados o discutibles, como cuando las empresas contratan a candidatos supercalificados o cuando la formación permanente funciona como una selección permanente que crea inempleables al mismo tiempo que mantiene a algunos en el empleo, o cuando la búsqueda de una flexibilidad extrema desestabiliza completamente la política de personal de una empresa. Si formación y empleo forman efectivamente una pareja, su articulación no puede ser eficaz poniendo únicamente el acento en la formación. Es necesario, paralelamente, fomentar la creación de empleo decente.
En consecuencia, dado que las dinámicas de exclusión están actuando antes de que se llegue a la exclusión, difícilmente se la podrá eliminar si se persiste en contemplarla bajo el exclusivo prisma de las preocupaciones relativas a la lucha contra los excluidos. El despliegue de este tipo de políticas apenas podría servir de pobre coartada para el abandono de las verdaderas políticas de integración.


Viviana Taylor







domingo, 18 de diciembre de 2016

La pesada herencia macrista en la CABA que contagia al país: Precarización Laboral


Viviana Taylor

Para muestra vale un botón, reza un viejo dicho popular, ya más viejo que popular.

Por eso esta vez, para abordar un tema que hace al núcleo de la inclusión, me hago eco de un caso que muestra como pocos –dada su claridad- la ausencia de políticas de inclusión laboral, más allá de sus habituales disfraces  meramente discursivos.

La política de inclusión implica un plan de acciones estratégicamente articuladas, y transversales a todos los ámbitos de la vida pública, que garantice la extensión de los mismos derechos a todas las personas. Y para que su cumplimiento sea posible -y efectivamente alcanzable- requiere estrategias de compensación para quienes no parten de las mismas condiciones que los otros.

Como quedará descripto, estas políticas no se han hecho efectivas en la Ciudad de Buenos Aires, por falta de compromiso político del gobierno del PRO. Y por el avance de la precarización laboral desde su asunción en el gobierno nacional (muy particularmente verificable en la provincia de Buenos Aires, donde también gobierna la coalición PRO/Cambiemos en alianza con el massismo) es posible no sólo aventurar que la situación se agravará en todo el país, sino que las personas con discapacidad están en máximo riesgo de pasar de la vulnerabilidad a la exclusión laboral.




LA PRECARIZACIÓN LABORAL DE LA HERENCIA MACRISTA:
Experiencia en primera persona


Hola:
Mi nombre es Natalia Verónica Gulino.
Me dirijo a ustedes con el fin de hacerles llegar mi testimonio y
denuncia. Necesito contarles la situación de precariedad laboral por
la que me encuentro pasando desde hace ya 8 años en el Gobierno de la
Ciudad, en COPIDIS, que es la Comisión de Discapacidad del Ejecutivo
Porteño, siendo aún yo una persona discapacitada. Me pagan menos del
salario mínimo, vital y móvil y año tras año me amenazan con no
renovarme el contrato  y cuando se renuevan los mismos, estoy muchos
meses sin cobrar. También,  me persiguen y hostigan todo el tiempo por
no hacer trabajos partidarios para el PRO.
Tengo 34 años y ya es insostenible seguir de este modo, cuando además,
hay legislación laboral que regula un cupo en el estado que está
reservado para personas con discapacidad. Dicho cupo, tanto en nación
como en ciudad, no son topes, sino mínimos que deben cumplirse y en
casi ningún organismo los cumplen porque no les interesa la
empleabilidad formal de los discapacitados.
Pese a tener buena formación y experiencia, no me valoran y el
maltrato es constante. Me siento muy sola porque son muchos años que
vengo peleando por mi estabilidad laboral, la que es un derecho y no
logro ser escuchada.
Mi reclamo concreto, es el inmediato pase a la planta permanente con
el reconocimiento de la antigüedad acumulada a lo largo de todos estos
años y la actualización salarial.
Les solicito, tengan a bien tomarse un momento para interiorizarse
sobre mi situación, la que necesito visibilizar en los medios masivos
de comunicación. También, les pido, que puedan compartir entre sus
colegas dicho material, así más compañeros pueden tomar conocimiento
de lo que me pasa y darle difusión.
Sé que son tiempos difíciles, pero espero que puedan conocerme y
atender mi caso, dedicándole un espacio en sus programas de radio y TV,
en diarios y portales de internet, así como también, en sus
agrupaciones sociales y de militancia política, de la mejor manera que
lo crean conveniente.





lunes, 5 de diciembre de 2016

Suelo y Soberanía Alimentaria




Soberanía Alimentaria en riesgo



Por Viviana Taylor

En junio del 2013 la Conferencia de la FAO aprobó por unanimidad celebrar el Día Mundial del Suelo, debido a su importancia crítica en los sistemas naturales y su contribución vital al bienestar de la humanidad. Y durante la 68th Asamblea General de las Naciones Unidas se declaró al 5 de Diciembre como la fecha oficial para esta celebración a nivel mundial.

Parece obvio afirmar que sin el suelo no podríamos seguir produciendo alimentos. Sin embargo, cuando sondeamos cómo se lo trata en las políticas públicas la obviedad desaparece: estamos transitando por un camino en el que –de persistir- no podremos resguardar la seguridad y soberanía alimentaria de nuestro Pueblo, a la vez que perderemos productividad. Interesante paradoja, porque es en nombre de esta última que se están tomando las decisiones que –lejos de beneficiarnos- serán nuestra condena.


Veamos. En su informe "El estado de los bosques en el mundo 2016", la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, por sus siglas en inglés) señaló que “la agricultura comercial origina casi el 70 % de la deforestación en América Latina”. Los países examinados fueron Argentina, Brasil, Bolivia, Paraguay, Venezuela, Colombia y Perú.

Aunque este estudio abarca el período 1990-2005, conviene tenerlo en cuenta porque coincide con el escenario político, económico e ideológico que fue germen de la situación actual: el modelo neoliberal del agronegocio.  Modelo que básicamente podríamos describir como la articulación de un complejo agroexportador, con grandes productores y exportadoras a la cabeza, denominados “pool de siembra”.

Este modelo se estableció a lo ancho del mundo desde la década de los 70, y en Argentina logró su máximo esplendor a partir de los 90, cuando se firmó el Decreto de Desregulación de 1991, por el cual fueron eliminados los organismos que tenían por finalidad regular la actividad agraria: la Junta Nacional de Granos, la Junta Nacional de Carne, la Dirección Nacional del Azúcar, etc.

Este nuevo escenario posibilitó -y promovió- la intensificación de la plantación y comercialización de la soja. Y cobró un nuevo impulso con la aparición en el mercado la soja transgénica, que rápidamente sustituyó a la convencional y se convirtió en uno de los principales productos de exportación.

Así, de la mano de la soja transgénica, la siembra directa, la semilla RR resistente al glifosato, y el modelo expansivo, las empresas transnacionales se convirtieron en sus principales beneficiarias. Y el impacto negativo cayó sobre cuestiones sociales, económicas, medioambientales y de salud pública.

En términos generales, durante el período abordado por este estudio, que pocas voces se preguntaron en qué medida era perjudicial una excesiva especialización en este cultivo y la gran vulnerabilidad a una excesiva dependencia de un producto casi exclusivamente de exportación. Un silencio generalizado que fue cómplice de la creciente pérdida de la soberanía alimentaria,  del deterioro ambiental, (con el incremento en un 43% de las tierras cultivables que avanzaron sobre vastas extensiones, como la yunga norteña y la deforestación del 45% de los bosques, provocando una creciente desertificación de los suelos y el agravamiento de inundaciones, incluso en zonas que hasta entonces no eran inundables; la contaminación con agrotóxicos de napas de agua y del aire), de enormes perjuicios para la salud pública (alarmante aumento de la morbilidad y de la prevalencia de enfermedades asociadas a este tipo contaminación, malformaciones embrionarias humanas y animales, presencia de glifosatos en la composición de alimentos de origen animal y vegetal) y del desplazamiento con violencia de comunidades campesinas e indígenas de sus hábitats habituales.

Me detengo un párrafo para poner en relieve la gravedad de la pérdida de bosques. Dado que contienen el 65% de la diversidad biológica terrestre del planeta, su desaparición no sólo afecta a esta diversidad, sino que se resiente la provisión de proteínas y plantas medicinales, la conservación de fuentes de agua, la prevención de inundaciones, y la protección de los suelos de la erosión. Por otra parte, dado que también funcionan como depósito de dióxido de carbono –uno de los principales gases de efecto invernadero- la deforestación se ha vuelto uno de los elementos que contribuyen al cambio climático. Y el agronegocio se ha vuelto la principal razón de la deforestación.




Así fue como, a partir del citado Decreto de Desregulación de 1991 –cuando el sector agrario argentino se transformó en uno de los menos regulados del mundo- cambiaron los arreglos institucionales referidos a la coexistencia de la pequeña unidad agraria con la gran explotación ganadera y agraria.

Otras medidas adoptadas durante los años 90 se articularon con ésta conformando la base de sustento para un gran ajuste estructural de corte neoliberal que contribuyó a la desaparición de numerosas explotaciones agropecuarias (fundamentalmente aquellas que tenían menos de 200 Hectáreas) y a la consolidación de los agronegocios de las grandes empresas del sistema agroalimentario: la liberación al mercado de la semilla transgénica round up ready RR en 1996; las privatizaciones, desregulaciones y la apertura casi indiscriminada al exterior, aplicadas al conjunto de la economía en aras de lograr “una mayor integración a la economía mundial”; las transformaciones del sistema de procesamiento industrial, la comercialización y la distribución final de alimentos; y la provisión de insumos (en particular, de semillas, que le impidió a los agricultores resembrarlas en beneficio del reconocimiento de propiedad intelectual a Monsanto).

Un gran ajuste estructural –como decía- que repercutió sobre las tendencias y la variabilidad de la actividad agropecuaria, los precios de su producción y de sus insumos; y que redujo a Argentina a ser considerada como un país de provisión de recursos, sin importar las consecuencias que su explotación conllevara.

Un gran ajuste estructural y un magnífico negocio para estos pools de siembra que se convirtieron en los principales beneficiados del proceso. Tanto que, cuando durante su primer mandato como Presidenta, las políticas encaradas por Cristina Fernández de Kirchner tocaron  los intereses de estos pools, fueron defendidos por una alianza entre opositores políticos, poder mediático y poder judicial, provocando la mayor crisis política que debió atravesar el kirchnerismo durante sus 12 años de gobierno.

Desde entonces –y a pesar del vendaval en contra- pudo comenzar recorrerse un interesante camino. La defensa de la semilla como patrimonio de los pueblos, la revalorización de los saberes de la agricultura a pequeña escala y su transmisión a las nuevas generaciones comenzaron a cambiar el escenario, a partir del esfuerzo de los trabajadores de diversos organismos como el Instituto de Tecnología Agropecuaria (INTA), que impulsó la capacitación, formación y dio respaldo a miles de pequeños productores en todo el país. Según el Registro Nacional de Agricultura Familiar, el 50% de los productores de la región pampeana son familiares con fuerte incidencia en la horticultura, apicultura, floricultura y porcinos. Y si bien hay registradas 27.000 explotaciones o unidades productivas familiares, se estima que funcionan unas 35.000. El otro 50% son medianos productores capitalizados y grandes productores.


Esas cifras ponen en evidencia el desarrollo que en los últimos años adquirieron los pequeños productores y la agricultura familiar como valor cultural y económico de nuestro país.


Sin embargo, desde la asunción del nuevo gobierno del PRO/Cambiemos este camino se está abandonando.
Durante 2016 –además del desfinanciamiento de programas- los agricultores familiares no recibieron a tiempo para su siembra las semillas para la temporada primavera-verano, lo que retrasó el ciclo natural de las plantas. Y eso sin tener en cuenta  que alguna inclemencia climática ponga en  más riesgo de fracaso a los cultivos. Pero hay más: cuando no llega la semilla, también se cae el técnico que asiste gratuitamente a un grupo de productores para que no tengan que pagar a un agrónomo. Y así se van desarmando los programas, con una sistematicidad que durante este año el gobierno mostró en todos los ámbitos de la administración pública que sabe perfectamente cómo instrumentar: desarticular sin cerrar.

Nada hace prever que situación vaya a mejorar, sino todo lo contrario. El Presupuesto para 2017 prevé recortes sustanciales en organismos como el INTA, el SENASA y otros, amenazando aún más el trabajo territorial con productores y organizaciones de la agricultura familiar, perjudicando la continuidad de las actividades de extensión e investigación en los territorios, y afectando gravemente las economías regionales. Y dado que cerca del 80% de los alimentos que se consumen en el país son generados por agricultores familiares, muchos los cuales desaparecerán, se prevén dificultades en el abastecimiento de alimentos con un  consecuente aumento de sus precios… Por lo que también podemos sospechar que la inflación –a pesar de los oráculos oficialistas- probablemente no va a bajar. No al menos en lo referente a la canasta básica.


Una razón adicional por la que es preocupante el desfinanciamiento de estos programas en el contexto actual de crisis económica, de ajuste y de empleo, es la que enuncia Marcelo Miranda, técnico del INTA y referente del Programa ProHuerta para Berisso y Ensenada. Miranda, biólogo de profesión que trabaja con plantas nativas, plantas medicinales, mimbre y sauce, afirmó en una entrevista al diario Contexto publicada el 2 de octubre que “se está notando bastante fuerte que la gente recurre a la huerta para hacer economía en su hogar y porque tiene más tiempo ocioso, porque el perfil con el que trabajamos nosotros tiene changas o empleos temporarios. La gente está más tiempo en la casa y necesita parar la olla de alguna manera”.


Por su parte, Alicia Alem, descendiente de Leandro N.  Alem y al frente de una cooperativa de Cañuelas que participó de la 6º Feria Provincial de Semillas Nativas y Criollas que se realizó el 1º de octubre en la Estación Experimental J. Hirschhon, en Los Hornos (La Plata) cuenta que:  Ahora a la cooperativa están viniendo a pedirnos herramientas, semillas y animales reproductores. Me hace acordar a 2001 y me asusta”. “Una parte de la sociedad que fue cómplice de la dictadura está volviendo a instalar el mismo sistema de concentración de la riqueza, de desigualdad y de exclusión, y eso genera violencia más tarde o más temprano y no sabemos cómo puede terminar”. “El camino es la movilización social y las propuestas sin negociar la dignidad”.



Este nuevo camino que hoy nos desafía, de movilización social sin negociar dignidad, ya ha comenzado a generar acciones de resistencia, aunque –al menos por ahora- no tengan la publicidad necesaria.

Por un lado, productores, universitarios y representantes de diversos organismos están enfrascados en pleno debate sobre los dos proyectos de ley de semillas que están en danza en el Congreso, uno de ellos impulsado por la Federación Agraria llamado “el anteproyecto Príncipe” (en referencia a Omar Príncipe, su presidente) y el otro al que llaman la “Ley Monsanto”, en referencia al proyecto que el gobierno de Macri acordó con el gigante multinacional transgénico.

Por otro, también hay un interesante trabajo de análisis sobre la Ley 27.118 de Reparación Histórica de la Agricultura Familiar, Campesina e Indígena que defiende a la agricultura familiar como aporte para la soberanía alimentaria y la construcción de un modelo de agricultura más sustentable, que fue aprobada por unanimidad por el Congreso en diciembre de 2014, pero que todavía no está reglamentada ni tiene financiación.



La conservación, multiplicación y uso de las semillas nativas y criollas contribuyen a garantizar la soberanía alimentaria y el desarrollo integral de los productores familiares en el territorio mediante la ejecución de políticas de Estado para el sector con la participación de las organizaciones de la agricultura familiar, campesina y pueblos originarios.

La soberanía alimentaria es el derecho de los pueblos a decidir su propio sistema alimentario y productivo; su derecho a consumir alimentos nutritivos y culturalmente adecuados, accesibles, producidos de forma sustentable y ecológica.




Viviana Taylor


lunes, 21 de noviembre de 2016

No al Voto Electrónico en Argentina


Por qué le decimos

NO AL VOTO ELECTRÓNICO



Viviana Taylor



Debate de la reforma electoral del 15 de noviembre de 2016




Continuación del debate: 17 de noviembre de 2016


Extractos de la transcripción de la copia taquigráfica














A modo de aporte académico, sumo la opinión
de investigadores de universidades nacionales.
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad de Buenos Aires.
1 de noviembre de 2016





Viviana Taylor

jueves, 13 de octubre de 2016

La Directora del INFD promueve el cierre de institutos de formación docente en el Congreso de la Nación


LA DIRECTORA DEL INFD PROMUEVE EL CIERRE DE ISFD
Sus palabras en la Comisión de Educación
del Congreso de la Nación

Viviana Taylor

Entre 2001 y 2010 se logró reducir la tasa de analfabetismo del 2,6 al 1,9% (Fuente: Censo Nacional, que se realiza cada 10 años).
Durante ese mismo período, la población con estudios secundarios completos se incrementó en un 40,7%
con estudios superiores completos en un 54,6%;
el porcentaje asistencia a la educación inicial de la población de 3 años pasó del 29,9% al 53,9%,
el de la población de 4 años del 48,22% al 81,50%
el de la población de 5 años del 90,8% al 96,3%
(Fuente: Censo Nacional)
Entre 2003 y 2013, la matrícula neta del nivel inicial se incrementó en 303.427 alumnos;
en Jardines Maternales de 4.021 pasó a 15.053;
la cantidad de salas de 3 años aumentaron en un 65,2%;
las de 4 años en un 78,9%;
pero en el NEA y el NOA -sectores tradicionalmente más desfavorecidos- las políticas focalizadas llevaron a incrementarlas en un 283 y un 114% respectivamente para los 3 años, y en un 357 y un 465% para los 4 años.
En Educación Primaria, según UNESCO, en 2006 habíamos llegado a una tasa neta de matrícula del 99,1% y para 2012 a un 99,8%.
Las escuelas de jornada extendida llegaban al 9,63% en 2008, y ascendieron al 17,49% en 2013 (1.507 escuelas más)
Y entre 2003 y 2012 la tasa de repitencia descendió del 6,5% al 2,87%.
En Educación Secundaria, según el Digesto de Educación, la matrícula neta ascendió del 84% en 2006 al 89% en 2012 (el promedio de la región en 2012 era del 74%).
El 59% de estos estudiantes termina de cursar el secundario en la educación común, egresando en tiempo y forma el 44% (en 2003 egresaba el 39%).
550.000 jóvenes y adultos de ese 41% que no terminó en la secundaria común, logró egresar a través del Plan FinEs.
En Educación Técnica, la matrícula se duplicó entre 2003 y 2010, lo que posibilitó que la matrícula de las carreras de grado de formación técnica creciera un 89,8%.
¿Y con la formación docente, qué sucedió?
Se extendieron las carreras de 2,5 y 3 años a 4; y se renovaron los planes de estudio en todo el país.
Se desarrolló el plan de Evaluación Integral de la Formación Docente, y se incorporaron las TIC en la formación, mientras se equiparon todos los institutos superiores.
Se creó el Plan Nacional de Formación Permanente Nuestra Escuela: universal, gratuito, financiado por el estado, en servicio, para docentes de escuelas estatales y privadas, en acuerdo con los sindicatos, universidades y jurisdicciones: 511.848 docentes en formación permanente.
La matrícula de estudiantes de formación docente entre 2001 y 2013 se incrementó en un 88,5%.
En ese mismo período, la cantidad de estudiantes universitarios se incrementó en un 35%, y se mejoró aún más el egreso, que aumentó en un 80%. No sólo comenzaron a estudiar muchos más jóvenes y adultos, sino que mejoraron las condiciones que permitieron la continuidad y egreso de sus estudios.
La formación docente ha sido una gran clave para la consolidación y la proyección futura de la continuidad de este proceso de inclusión educativa, entendida la cantidad como íntimamente vinculada a la extensión (la calidad educativa sin inclusión es una falacia, es el nombre con que se disimula a la educación elitista, exclusiva y excluyente).
El incremento de docentes titulados no significa que "sobren maestros" sino que están disponibles los docentes necesarios para continuar la extensión de la escolarización hasta su completa inclusión.


Señora Veleda, no sobran maestros: hay que seguir construyendo escuelas.
Cerrar institutos de formación docente es una forma perversa -sutil pero perversa- de iniciar el ajuste en educación.
El detalle de no validar los títulos que se han ganado con estudio y esfuerzo es una cerecita en esta torta de ignominia.


Viviana Taylor




lunes, 10 de octubre de 2016

Laura Iglesias y su femicidio por violencia institucional: a pasos de quedar sin verdad y sin justicia


Investigación incompleta,
condenas que no llegan
y una causa bajo riesgo de ser cerrada

Viviana Taylor
Ya pasó algo más de un año desde que  Esteban Cuello fue condenado por el brutal crimen de Laura Iglesias, la asistente social del Patronato de Liberados de la Provincia de Buenos Aires que fue asesinada mientras trabajaba. Condena que recibió del Tribunal Oral N°3 compuesto por los jueces Eduardo Alemano, Fabián Riquert y Juan Manuel Sueyro, quienes le dictaron pena de prisión perpetua por la violación y el asesinato de Laura Iglesias.
Sin embargo, algo de verdad y justicia
no es ni Verdad ni Justicia.


Esta condena ha dejado fuera a los otros partícipes necesarios para que este crimen pudiera cometerse: policías cuya participación ha sido silenciada y debidamente protegida con la no consideración de las pruebas que los implicaban y la no evaluación de las nuevas evidencias que fueron apareciendo y que no fueron valoradas bajo la excusa de que considerarlas debilitaría la acusación contra Cuello.


Esta condena ha dejado fuera la consideración del móvil de semejante ataque y asesinato: Laura fue silenciada y con ella también fueron silenciados los testimonios que venía recabando acerca del modo en que ciertos policías acosaban y hostigaban a algunos de sus tutelados para delinquir en favor de ellos. Uno de estos policías también está vinculado a otro femicidio de características muy parecidas acaecido también en Miramar: el de la adolescente Natalia Mellman en 2001.

El procesamiento y la condena a Cuello llegaron con la promesa de que la causa no sería cerrada, de que se continuaría investigando hasta llegar al procesamiento y la condena de los otros partícipes de su brutal violación y asesinato.

Pero parece que no va a ser así…
Por eso hoy familiares y amigos de Laura Iglesias están pidiendo que sumemos nuestras voces para pedirle a la fiscal Ana María Caro que no cierre el caso, y que investigue los puntos que aún quedan oscuros por las evidencias que no fueron consideradas.
Desde su muro de Facebook Manuel Iglesias, hermano de Laura, nos pide que nos unamos a su pedido:
La fiscal Ana María Caro quiere cerrar el caso y dejar sin investigar muchos puntos oscuros. Solo para que te des una idea, hasta el día de hoy a más de 3 años, no se investigó su computadora, hubo modificación de la escena del crimen, no pudimos ver las video-filmaciones tomadas en la escena del crimen, no pudimos peritar prendas con manchas de semen, etc.
Cerrar el caso sería dejar libres y sin proceso alguno a quienes han tenido responsabilidades en el asesinato de mi hermana.inato de mi hermana.

¿Cómo ayudarlos?
Enviale un mail a la fiscal, y con copia al juez y al Presidente del PLB para que no se cier
acaro@mpba.gov.ar
CC juanftapia@gmail.com
barbagalloc@plb.gba.gov.ar
Enviémosle un correo electrónico a la fiscal de la causa, al juez y al titular del Patronato de Liberados Bonaerense, solicitándoles que no se cierre la causa. Y agreguemos la dirección de Manuel para que la familia pueda tener una idea de cuántos estamos acompañando su pedido.
Sus direcciones son:
Un modelo posible del mensaje a ser enviado podría ser:
El presente mensaje de correo tiene la única intención de sumarme a las voces de quienes le solicitan tenga a bien no cerrar la causa por el asesinato de Laura Iglesias: quienes venimos siguiendo con atención e implicación personal los avatares de la causa, estamos convencidos de que aún hay muchos puntos oscuros que es preciso aclarar para que se haga Justicia efectiva.
Una justicia parcial o una parte de justicia, no es Justicia en absoluto.
Sin más, y amparada en la confianza de que honrará la mejor decisión -que es la que lleve a la verdadera y plena Justicia- la despido respetuosamente,
Nombre y Apellido
DNI (opcional)
 
Para saber más sobre el caso de Laura Iglesias:
Laura Iglesias y una Justicia que no llega – 16/11/16

Viviana Taylor