En las últimas horas la inmobiliaria de la
firma Toselli & Fuentes S.R.L. ocupó mucho espacio en los medios, pero no
del modo en que suele hacerlo. Pasemos a contar la historia, que tiene mucho de
cuentito:
Resulta que, cuentan algunos medios
periodísticos, una vez la presidenta Cristina Fernández se enojó con los empresarios
inmobiliarios Rodrigo Saldaña y Jorge Toselli por haber criticado al gobierno
por las bajas en las ventas de su rubro, queja que -con culpabilización
incluida- había quedado registrada en una nota periodística. Cuentan los medios que el
enojo de la presidenta no quedó silenciado en la intimidad, no conforme con
simplemente hacerlo público, lo desató por Cadena Nacional. Y 24 horas después,
cuentan los que cuentan, la AFIP dispuso la inhabilitación de la empresa
inmobiliaria de la que los quejosos forman parte. Fin del cuento.
Salgamos un poco del cuento, y abramos la
información. La inmobiliaria de la que estamos hablando es JT Inmobiliaria, de
la firma Toselli & Fuentes S.R.L., de Jorge Toselli, Alberto Rossaroli y
Rodrigo Saldaña. La sanción, que no recayó sobre las personas sino sobre la
firma, consistió en el bloqueo del Código Único de Identificación Tributaria
(CUIT) de la inmobiliaria, por lo que no podrá operar mientras la misma esté
vigente. Se trata de una sanción que podría levantarse en forma automática al
presentarse las declaraciones juradas faltantes. Y este es, justamente, el eje
de la cuestión: la sanción se produjo porque la firma no presenta sus declaraciones
juradas desde el año 2008.
Algunas curiosidades
A pesar de que la sanción llega como
respuesta a una falta grave, TN elige hablar de “el ataque presidencial”. En su
página publica que “El ataque presidencial generó la solidaridad de los colegas
de Toselli. "Las declaraciones de esta inmobiliaria no hacen más que reflejar
una realidad. La caída en la ventas en el semestre ronda entre 18 y 20%, y si
se anualizan los datos de los últimos meses estaríamos a las puerta de un año
para el sector peor que 2001", señaló Néstor Walenten,
presidente de la Cámara Inmobiliaria.” Algo que en realidad es difícil de constatar,
ya que –como hemos dicho- no presentaron las declaraciones juradas a través de
las cuales se pueda verificar la merma.
Clarín, por su parte, sugiere que la sanción
se debe a los comentarios que publicó: “La
inmobiliaria Jorge Toselli Brokers SRL –investigada por el Gobierno a partir de
que su dueño comentó en este diario el parate de las ventas del sector– sufrió
la suspensión de su CUIT y por eso no puede operar comercialmente.” Y esto a
pesar de que reconoce que podría haber otras razones, aunque las relativiza: “Por
no haber presentado las declaraciones juradas de los últimos ejercicios
fiscales, según la información oficial, el organismo que conduce Ricardo
Echegaray, bloqueó el Código Único de Identificación Tributaria (CUIT) de la
empresa.” De paso, con esta interpretación abona a las continuas denuncias, nunca probadas, por las supuestas restricciones a la libertad de expresión y censura de la que serían objeto el Grupo y sus productos.
Lo cierto es que, detrás del relato de unas
cuantas verdades, se están tratando de ocultar otras, que no conviene que
salgan a la luz.
Las verdades que se cuentan son:
1.
En el comunicado por cadena nacional del
miércoles 11 de julio, la presidenta relató que después de leer la referida nota periodística publicada por el Diario Clarín, le pidió a la AFIP información con
la evolución comercial de la empresa, a fin de tener datos fehacientes sobre la
evolución de su actividad tras las restricciones a la compra de dólares para la
adquisición de viviendas, según había contado el titular de la empresa, Jorge
Toselli.
2.
A raíz de esa averiguación se constató que la
última declaración jurada había sido presentada en el año 2008.
3.
En razón de esto la Administración
Federal de Ingresos Públicos (AFIP) le bloqueó el Código Único de Identificación
Tributaria (CUIT) a la inmobiliaria, y según los tributaristas consultados tanto
por Clarín como por La Nación se trata de una sanción que debería levantarse en
forma automática tras la presentación de las declaraciones juradas faltantes
(nada dijeron de que se trate de una medida inconstitucional).
4.
En ninguna parte del discurso la presidenta
comentó algo sobre la situación del mercado inmobiliario respecto de la compra
y venta de inmuebles después de las restricciones aplicadas a la compra de
dólares.
Algunos ejemplos sobre el modo en que se
adjetiva:
1.
Ya vimos que TN elige hablar del “ataque
presidencial” que “generó la solidaridad de los colegas de Toselli” poniéndolo en el lugar de víctima.
2.
En una misma línea, para Clarín “fue víctima
el empresario por prestar su testimonio sobre el nivel de la actividad”. Y,
sugestivamente, agrega que sus colegas (no aclara cuáles, pero los generaliza) “tildaron la represalia contra Toselli, de “inconstitucional”
“. No los juristas, no los tributaristas: los colegas. Hombres letrados en
leyes, si los hay. Y, sobre todo, anónimos. En la misma frase usa, además, la
palabra “represalia”. Y más adelante suma la idea de “escrache oficial sobre el
empresario”.
3. Por su parte La Nación publica que “apenas veinticuatro horas tardó el empresario Jorge Toselli en
descubrir las consecuencias de la ira presidencial.” Y que “la acusación era
que el empresario -que había aparecido el domingo pasado en una nota del diario
Clarín quejándose de una caída en las ventas de propiedades como producto del
cepo al dólar- habría omitido la presentación de sus declaraciones juradas
desde 2007.” Sólo se trató de eso, para La Nación: simples omisiones… Grave, en
cambio, le parece que la presidenta haya incurrido en “una serie de
imprecisiones”, al confundir a Rossaroli
(quien aparece en la foto del diario Clarín) con Saldaña (a quien acusó
de estar en falta con la AFIP). Y, sobre todo, que haya contado esto último.
Lamentablemente, como suele suceder cuando se apuran a sumarse a las
críticas que hacen algunos medios opuestos al gobierno, sin asegurarse de la veracidad y completud
de los datos, y sobre todo con exceso de confianza en honestidad de las interpretaciones que sobre
ellos hacen, algunas voces de la oposición se alinearon a ellos:
1. La Nación
cita, entre otros, al jefe del bloque radical de diputados, Ricardo Gil Lavedra, quien habría
advertido que "Fue un claro acto intimidatorio, impropio de la investidura
presidencial. Este tipo de actitudes busca como efecto inhibir las opiniones
contrarias a las políticas del Gobierno. Se observa, además, un pertinaz
incumplimiento del Gobierno a la ley de medios que ellos tanto exaltan: esta
norma contiene límites explícitos sobre el uso de la cadena nacional que la
Presidenta vulnera sin tapujos."
2. Según el
mismo medio, y desde el Frente Peronista, el diputado Gustavo Ferrari
coincidió: "La actitud de la Presidenta no estuvo dirigida sólo a la
inmobiliaria sino a toda la sociedad, en una clara advertencia de que se
utilizarán todos los instrumentos del Estado contra quien opine distinto al
Gobierno. Así, se vulneran los dos pilares de la democracia: la igualdad ante
la ley y la libertad de expresión”.
3. Y citan a la siempre
dispuesta diputada Patricia Bullrich, de Unión por Todos, quien sostuvo que el
episodio es "gravísimo" e "incompatible con el sistema
democrático"; y a su inefable colega
del GEN, Gerardo Milman, quien criticó el "abuso" por parte de la
Presidenta de la cadena nacional y estimó que el Gobierno habría incurrido en
una violación del secreto fiscal al develar la situación de la inmobiliaria en
la AFIP.
4. Por su parte,
el jefe de bloque de Pro, Federico Pinedo, afirmó que "Es poco democrático
que la Presidenta utilice la cadena nacional para agredir a un ciudadano que no
comparte las políticas del gobierno.” Y su compañero del Pro, Julián Obiglio,
agregó que “Estamos en el mismo camino que transitó Venezuela con (Hugo)
Chávez, con más persecución a quienes piensan distinto.” Todos
comentarios recogidos por La Nación.
Lo que ningún
medio dice es que la no presentación de las declaraciones juradas es grave. Las
inmobiliarias, particularmente, mueven montos de dinero que las hacen
susceptibles de participación en múltiples formas de evasión y de lavado de
dinero. Es por esto que me parece llamativo que estén tan dispuestos a salir en defensa de un
evasor. Me parece particularmente llamativo que, desde los mismos medios desde
donde se reclama con mayor fruición por el supuesto aumento de la inseguridad,
se establezcan parámetros diferenciales entre delitos, como si los robos de
guante blanco no debieran ser punibles, o al menos pudiesen ser tolerables, y
no perjudicaran la calidad de buen ciudadano al que los comete. Hasta parecería que el problema no es el delito, sino la calidad de gente de quien los comete... en fin.
Claro que todo lo anterior deja de parecerme llamativo cuando leo, en la propia
página oficial de la inmobiliaria que “En la actualidad TOSELLI & FUENTES es una de lasempresas que más centímetros publica en los Diarios Clarín y La Nación, lo quemarca la vigencia y actualidad que la compañía posee.” Y que “Hemos consolidado una presencia permanente en los periódicos demayor circulación (Clarín y La Nación) mediante avisos lineales y grupales.”
Quizás las cosas no deberían llamarme tanto la atención. Entre
bomberos, se sabe, no se pisan la manguera; y negocios son negocios. Good show
y papas fritas.
