Viviana Taylor
Antes que
nada, quiero agradecerle al Diputado Nacional Eduardo Amadeo (Bs As – Peronismo
Federal) el haberme enviado el enlace de su rendición de cuentas del año 2012.
No es que
sea yo un referente de la política, ni técnico, ni alguien a quien tener en cuenta,
lo que hace más destacable su actitud. En realidad, Amadeo estaba participando
de un intercambio no muy amable a través
de Twitter, en el que a su interlocutor
le ofreció hacerle llegar la rendición de cuentas de su trabajo parlamentario, por
si le interesaba leerla. Y yo -como buena comedida que soy, metiéndome en una
charla de la que sólo era espectadora- respondí: a mí sí me interesa. Y él,
amablemente, accedió.
La verdad,
se lo agradezco. La lectura de esta rendición de cuentas fue un ejercicio por
demás interesante.
Lo que más
llamó mi atención es que la inicia con 28 enlaces a artículos periodísticos
sobre cuestiones en las que –de alguna manera- participó. No tenía idea de que
en la rendición de cuentas del trabajo parlamentario se pudieran incluir, pero
me parece interesante: son una referencia sobre “lo que se ve”, la parte más
visibilizada del trabajo legislativo. Y una manera clara de recordarnos que
esas actividades no tienen que ver con su mundo privado, sino con su accionar
en tanto funcionario público.
La mayoría
de estos artículos –abrumadores 20/28- son de La Nación. El segundo puesto lo
comparten El Cronista y la agencia de noticias ADN Ciudad, con 3 enlaces cada uno.
Y luego vienen 1 de Perfil y 1 más de
Infobae.
Me parece
curioso, en primer lugar, que en razón de la línea editorial elegida no hubiese
incluido ninguno de Clarín. Y, en segundo lugar, que –al menos como un gesto en
favor de la amplitud de opiniones- no hubiese incluido 1 de Tiempo Argentino,
Página 12, o de la agencia Télam.
Como hacia el
final de la rendición, en el apartado sobre artículos publicados, estos se
concentran en El Cronista (4), Perfil (1) y La Nación (1), quizás no se trate
de otra cosa que una referencia –inconscientemente exclusiva- a los medios con
los que su relación es de mayor habitualidad.
No incluyo
el libro que figura al pie de la rendición 2012 como parte de ella, porque fue publicado en marzo de 2011: País rico, país pobre. Seguramente fue
parte de su trabajo en 2010, y es loable que haya conseguido el tiempo para
escribirlo. Sólo quien alguna vez hizo el esfuerzo sabe lo meritorio que es
hacerlo.
Pasemos a otro apartado: Mis proyectos.
En la rendición,
se cuentan 28 en 2012. (Amadeo, si me lee, juéguele unos pesos a la quiniela y
después me agradece: el 28 es suyo). El último de ellos es una resolución de pedido
de informes verbales a los ministros de Defensa Nacional -Arturo Puricelli- y de Relaciones
Exteriores y Culto -Héctor Timerman-
sobre la situación de la Fragata Libertad. Me da la impresión de que los hechos
satisficieron sobradamente la inquietud que lo motivó. Una pena que el fragor
de la labor parlamentaria no haya permitido que se dieran los tiempos para una
declaración de beneplácito por el modo en que se resolvió el problema,
extendiendo la recuperación de la Fragata al afianzamiento de la posición
soberana ante los fondos de inversión vulgarmente conocidos como “buitre”. Una
posición que están tomando muchos otros países.
Pero esta
omisión no me sorprendió: como escribí, seguramente fue el fragor de la lucha…
Sí, en cambio, me sorprendió la repetición de expedientes de rechazo y repudio no sobre dichos y actitudes de
funcionarios del Gobierno Nacional, sino sobre lo que versiones periodísticas
dijeron acerca de esos dichos y actitudes. Es en este punto donde la referencia
exclusiva a los medios con que se tiene afinidad comienza a preocuparme: el
sesgo opera sobre el modo en que se percibe la realidad, y las percepciones motivan
decisiones. Quizás pueda parecer una preocupación exagerada, pero el modo en
que decide y a partir de qué marco interpretativo lo hace un legislador, para
mí es relevante. Porque son decisiones con fuerza de impacto sobre la realidad.
Quizás ese sesgo
no haya permitido advertir la diferencia entre realidad y relatos intencionados
sobre la realidad, tan fácilmente discriminable en cuanto se accede a las
declaraciones no editadas. Voy a optar por creer que se debe al sesgo provocado
por la lectura exclusiva de una misma línea editorial, y no a una asociación
deliberada por afinidad de intereses.
Como elegiré
la ingenuidad al cinismo, nada voy a decir respecto de mis opiniones sobre el
pedido de informe sobre “las diversas cuestiones
relacionadas con las actividades” (sic) de La Cámpora en diversas escuelas
del país: expediente 5568-D-2012. Ni qué hablar del pedido de informes al
secretario de Políticas Universitarias de la Nación sobre “diversas cuestiones relacionadas con los antecedentes de las
autoridades que ocupan cargos en universidades nacionales”, expediente
5264-D-2012, porque cuando se leen las
motivaciones, como suele suceder en terapia, lo que se dice a la salida es lo
que justifica la sesión. Y menos del expediente 4509-D-2012: el renunciado
Bargalló, bien renunciado por su propio bien y felicidad lo está. Y a quien
habría que pedirle explicaciones es a la Iglesia (además, las fotografías “de
la infamia” fueron publicadas en los diarios de su adhesión).
Voy a
detenerme, en cambio, en estas otras cuestiones.
Régimen de Educación Superior
En realidad,
se trata de la reproducción del expediente 5430-D-2010, por lo tanto no es un
propiamente una tarea del año 2012.
Si
comenzamos por los fundamentos, lo revisaría completamente: mi primera
impresión fue estar leyendo un documento escrito entre fines de los ’80 y
principios de los ’90: se describe como novedoso lo que ya no lo es, y el
concierto de las naciones tampoco es lo que era. Si este fundamento recoge las
ideas directrices de la ley, entiendo por qué no me pareció superadora de la
vigente sino más bien un refrito de la Ley Federal de Educación.
Después de
leer el texto de la Ley de Educación Superior que se propone, no voy a decir que
es mala. Pero sí voy a insistir en que no es superadora de la vigente: en la
comparación de los fines y objetivos ya queda evidente.
Pero hay
algunos puntos que sí me parece que vale la pena señalar por separado: de su
lectura queda claro que se concibe a la formación docente para los niveles
inicial y primario como carreras de corta duración, y para las otras
modalidades del Sistema directamente se la omite. No sé si se debe al desconocimiento,
o a una propuesta de modificación de la estructura del Sistema Educativo; ambas
razones me parecen igualmente peligrosas. Y, en sus efectos, contrarias a los fines
en que esta propuesta se pretende sustentar.
Respecto de
las universidades, la única autonomía que se les reconoce explícitamente es la
financiera. No se garantiza el acceso a todos, ya que las condiciones de
admisión pueden ser definidas por cada una en función de las necesidades de calificación
nacional o regional, por las que se determinan los cupos por carrera
(discutible, pero entendible) pero también los planes de estudio. Esto sí me parece gravísimo: lo
académico no se reduce a la coyuntura, ya lo hicimos en los ’90 y en la
des-formación profesional resultante tenemos la evidencia, sobre todo porque ¿quién
fija esas necesidades? ¿Y en relación con qué indicadores, según la valoración
de qué criterios, buscando qué objetivos? La formación profesional debe
pensarse desde hoy hacia una proyección de 50 años: pensarla desde la coyuntura
es formar un aplicador de técnicas (no un profesional) cuyo título, cuando se
reciba, estará al menos 5 años desactualizado en su utilidad.
Copio textual del Art. 44, Capítulo IV sobre Universidades:
“Las universidades ponen especial atención en
remediar todo tipo de condición negativa para el aprendizaje universitario, en
especial las que presentan las personas con algún grado de discapacidad física,
mental o emocional y, aquellos/as que provienen de sectores sociales
desfavorecidos y no han tenido oportunidades de un desarrollo de capacidades
que les permitan encarar con éxito los estudios universitarios.” No entiendo qué se entiende por remediar; ni se me ocurre de qué
manera vayan a hacerlo. Para quien no entienda qué es lo que no entiendo, los
invito a preguntarle a cualquiera con competencias en el tema acerca del
paradigma remedial, y luego pedirle que les explique este artículo. Lo que me
preocupa es que cuando se proponen idealizaciones, se termina promoviendo impotencia:
como no se puede lo que se quiere,
entonces no se hace nada. Este artículo puede terminar justificando la
existencia de irrecuperables, por los que se hizo todo y no se obtuvo nada.
No creo que haya habido mala fe: creo que fue un desliz voluntarista por
desconocimiento.
Y al artículo 45, respecto de
la afirmación de las condiciones que las Universidades no consideran para el
ingreso, agregaría “la permanencia, el egreso,
la acreditación y titulación”. Y no sé si las expresiones “no consideran” y “raza” sean las más precisas. Lo reformularía así: “Las
universidades respetan en todo las condiciones vinculadas con la cultura, la
religión, la orientación sexual e identidad de género, la ideología, la
condición económica y social, y toda opción personal de vida que no se
contradiga con la sujeción al respeto a la Constitución Nacional, en lo
referente al ingreso, permanencia, egreso, acreditación y titulación.”
Omití la expresión “otra” en “toda opción personal” (en el proyecto: toda otra opción personal) porque condiciones
no son lo mismo que opciones, y las detalladas no lo son. Y consideré
importante incluir “que no se contradiga
con la sujeción al respeto a la Constitución Nacional” porque tampoco creo
que debamos validar todas las opciones como igualmente legítimas.
Respecto de que la carrera
docente universitaria habilite para el ejercicio de la docencia en todo el
sistema de educación superior, creo que habría que ser cuidadoso –entonces- con
su reglamentación: deberían hacerse prácticas docentes en los institutos
superiores, en cantidad suficiente para conocer su dinámica y su lógica, y no
sólo alguna clase aislada o una ayudantía de cátedra universitaria. Creo que la
mejor opción sigue siendo la separación entre los profesorados universitarios
para el Nivel Superior y la especialización pedagógica para la enseñanza
universitaria: los lugares de futura inserción laboral tienen objetivos
diferentes, su tarea es diferente, responden a lógicas diferentes.
Para el acceso a los posgrados
deberían habilitarse, además, los títulos superiores no universitarios de 4
años. No hay razones ni académicas ni de articulación del sistema que avalen su
no habilitación.
Es reiterado el uso del
adjetivo “oficial” como sinónimo de “público”. Propongo que se use el
apelativo “público” para dar cuenta
del tipo de gestión de las universidades e institutos superiores, y se reserve
el de “oficial” estrictamente para los
planes de estudio y títulos. Así quedaría claro que todos los planes de estudio
y títulos, sean de instituciones públicas o privadas, deben ser oficiales
(aprobados y reconocidos por el Estado).
Sé que si le dedicara más
horas de trabajo, podría haber hecho muchos más señalamientos. Sólo quise detenerme
en aquellos que me asaltaron la atención en una primera lectura.
La razón para no seguir
avanzando en un análisis más profundo es que no creo haber encontrado una
justificación suficiente para que el proyecto pueda sostenerse como superador
de la ley de educación superior vigente.
Supongo que seguirán
trabajando en él. Si persisten en sostener la propuesta, que lo revisen es mi
mayor deseo.
No quiero dejar de agradecer –nuevamente-
la buena voluntad del Diputado Eduardo Amadeo al enviarme el link que me facilitó
el acceso a todo este material.
Viviana
Taylor
